El 22 de junio entró en vigor el “Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Plataformas Digitales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024. Como consecuencia, durante los últimos días han existido pronunciamientos por parte de las autoridades involucradas en su implementación, los cuales son importantes de conocer para garantizar su cumplimiento y evitar la imposición de sanciones.

Como contexto, a través de dicho Decreto se incorporó el trabajo en plataformas digitales como un trabajo especial en la Ley Federal del Trabajo (LFT), y se modificaron diversas disposiciones aplicables a estos trabajadores. Dentro de las obligaciones que entraron en vigor el 22 de junio, destacan las siguientes:

• Se considera persona trabajadora de plataformas digitales a quien preste servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de una persona física o moral que ofrece servicios a terceros, a través de una plataforma digital, y genere ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México ($8,480.17 M.N. en 2025).
• Si no exceden del umbral de ingresos netos al final de cada mes, serán considerados como trabajadores independientes.
  • En dicho periodo y durante el tiempo efectivamente trabajado, se les extenderán los derechos previstos para los trabajadores de plataformas digitales, con la excepción de la retención y entero de cuotas de seguridad social al IMSS y pago de aportaciones al INFONAVIT.
• Los patrones serán responsables del pago del aseguramiento en el régimen del seguro social cuando ocurra un riesgo de trabajo durante el tiempo de trabajo efectivamente laborado.
• Las personas trabajadoras en plataformas digitales disfrutarán de todos los derechos, incluyendo los colectivos.
• Se fijan reglas específicas para la determinación del salario y se excluyen las propinas del salario base de cotización.
• Las personas trabajadoras en plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa (PTU) cuando el tiempo efectivamente laborado sea superior a 288 horas anuales.
  • Se entiende por tiempo de trabajo efectivamente laborado el comprendido desde que la persona trabajadora acepta prestar una tarea, servicio, obra o trabajo en la plataforma digital, hasta el momento en el que dicha prestación concluye definitivamente.
• Si la persona trabajadora de plataformas digitales deja de tener actividad por un periodo consecutivo de 30 días naturales, se entenderá terminada la relación laboral automáticamente, sin que proceda responsabilidad o indemnización por parte del empleador.
  • En el caso en el que dicha persona vuelva a cumplir con las condiciones para ser una persona trabajadora, se entenderá como el inicio de una nueva relación laboral.
• Los patrones podrán negarse a reinstalar a la persona trabajadora de plataformas digitales mediante el pago de una indemnización consistente en tres meses de salario, así como veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, tomando en cuenta el tiempo efectivamente laborado, y los salarios vencidos e intereses, en su caso.
  • Las indemnizaciones se computarán con el salario promedio de lo ingresado por la persona en la plataforma en los últimos seis meses.
  • No obstante, procederá la reinstalación obligatoria en caso de violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
• El modelo de contrato será autorizado y registrado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y deberá cumplir con determinados requisitos conforme al artículo 291-H de la LFT.
• Los patrones deberán elaborar un documento de política de gestión algorítmica del trabajo que informe a las personas trabajadoras los elementos utilizados por los algoritmos para la toma de decisiones que puedan afectar la relación laboral.
• Se incluyen obligaciones especiales para los patrones, incluyendo el pago de los servicios otorgados en un plazo no mayor a una semana, emitir recibos de pagos, establecer mecanismos para el registro de las horas trabajadas y tiempos de espera, entre otras.
• Se establecen causas de rescisión especiales, adicionales a las previstas en el artículo 47 de la LFT, así como una causa especial de terminación de la relación de trabajo por la deshabilitación o cierre de la plataforma.
• Se prevén sanciones específicas por el incumplimiento de las normas aplicables a este trabajo especial.

Es importante tener en consideración que el 24 de junio de 2025, el H. Consejo Técnico del IMSS publicó el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270525/132.P.DIR por el que se aprueban las Reglas de carácter general de la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social, así como su Anexo Único, las cuales entraron en vigor el 1 de julio de 2025. A partir del 25 de junio ya se encuentra disponible la nueva versión 3.6.6 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), en la cual se consideran los ajustes para patrones de plataformas digitales y se elimina la posibilidad de realizar donativos a FUNDEMEX.

Del mismo modo, el 26 de junio el INFONAVIT publicó el Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general el Anexo Único del Acuerdo por el que se aprueban las Reglas de Carácter General que emite el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la finalidad de regular la participación del Instituto en la prueba piloto que prevén los artículos Segundo y Tercero Transitorios del “Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Plataformas Digitales” publicado el 24 de diciembre de 2024.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el 27 de junio las Disposiciones de carácter general que determinan los procedimientos relativos al cálculo del ingreso neto de las personas trabajadoras de plataformas digitales, destacando la exclusión de un porcentaje diferenciado por el uso de la plataforma digital como herramienta de trabajo tecnológica, estableciendo factores máximos dependiendo del tipo de vehículo utilizado para la prestación del servicio, con el fin de establecer un mecanismo de compensación proporcional a las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo en plataformas digitales. Estas Disposiciones entraron el vigor el 1 de julio de 2025.

Por su parte, el pasado 27 de junio, la autoridad fiscal mexicana a través de una versión anticipada publicó el criterio normativo 59/ISR/IVA/N y determinó que las personas físicas que presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que sean consideradas personas trabajadoras de dichas plataformas con motivo de la entrada en vigor de la reforma a la LFT continuarán tributando en el mismo régimen que tributaban anteriormente, es decir, bajo el régimen de actividades empresariales en la sección de ingresos por la prestación de servicios mediante plataformas digitales tanto para la Ley del Impuesto sobre la Renta como para la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Esto genera una disautonomía ya que para efectos fiscales no son considerados sus ingresos como sueldos y salarios y por lo tanto las personas físicas tendrán que seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, entre otras, como la  expedición de comprobantes fiscal digitales (“CFDI”) y para efectos laborales son considerados como trabajadores de dichas plataformas, máxime que los patrones tienen la obligación de emitir semanalmente recibos de pagos realizados donde se haga constar el número de tareas, servicios, obras o trabajos realizados, el tiempo efectivamente trabajado, el tiempo durante el que la persona trabajadora está a disposición de la plataforma para la asignación de una tarea, servicio, obra o trabajo, las retenciones legales que en su caso apliquen y demás conceptos análogos que resulten procedentes.

Incluso existen ciertas plataformas que no tienen una subsidiaria en México ni tienen un establecimiento permanente en México y por lo tanto esto genera incertidumbre sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales tanto para la emisión del CFDI, retención de impuestos y cálculo de la PTU.

Con gusto nos podemos a sus órdenes para analizar las implicaciones que estas nuevas obligaciones laborales y fiscales comprenden.

Resumen Ejecutivo

El pasado 5 de junio de 2025, la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos para la recepción y tramitación de los asuntos competencia de la Comisión Nacional de Energía, conforme a las atribuciones que le fueron conferidas y transferidas, y establece la estrategia para su atención, (el “Acuerdo”).

Antecedentes:

Tras la publicación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica (DOF, 20 de diciembre de 2024), se eliminó la existencia jurídica de los órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”). Las funciones y facultades de ambos órganos fueron transferidas a la Secretaría de Energía (“SENER”) y a la recién creada CNE un órgano administrativo desconcentrado sectorizado a la SENER.

Posteriormente, el 18 de marzo de 2025, se publicaron las leyes secundarias en materia de energía, incluyendo la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y, la Ley de la Comisión Nacional de Energía. En lo sucesivo, se estableció un plazo de 90 días naturales para suspender términos y garantizar una transición ordenada, misma que finalizó con la emisión del presente Acuerdo.

Contenido del Acuerdo:

A partir del 6 de junio de 2025, la CNE retoma formalmente la recepción, análisis y resolución de los trámites dentro de su ámbito de competencia. Esta reactivación se da tras haber concluido la transferencia de funciones, expedientes y sistemas desde la extinta CRE, en cumplimiento con la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y las leyes secundarias promulgadas en marzo de 2025. El Acuerdo emitido por la CNE establece no solo el levantamiento de la suspensión de plazos, sino también las directrices operativas para garantizar la continuidad administrativa y regulatoria del sector energético.

Este Acuerdo formaliza la entrada de operación de la CNE como autoridad competente para tramitar y resolver los asuntos que anteriormente correspondían a la CRE. Esto marca el cierre del periodo transitorio previsto en las reformas constitucionales y secundarias, y con ello, se brinda certeza a los regulados respecto de la nueva autoridad responsable de los trámites en materia energética.

Sin embargo, en el presente Acuerdo se establecen algunas excepciones respecto a tramites que no se podrán presentar hasta que entren en vigor los nuevos reglamentos sectoriales, por ejemplo:

• Nuevos permisos de generación eléctrica (salvo proyectos prioritarios).
• Nuevos permisos de expendio, distribución o comercialización de combustibles.
• Cambios en el control corporativo o estructura accionaria de permisionarios.
• Determinación de contraprestaciones, precios y tarifas.

La tramitación de estos casos dependerá de la emisión de los nuevos reglamentos y de la determinación por parte de la SENER sobre qué proyectos serán considerados como “prioritarios”. Si bien esta excepción busca atender necesidades urgentes de abasto, genera incertidumbre mientras no se publiquen criterios objetivos y transparentes.

Como parte de la estrategia operativa, la CNE establece diversas medidas para asegurar la continuidad administrativa durante la transición institucional. En primer lugar, se reconoce como válidamente ingresada toda documentación presentada durante el periodo de suspensión, con fecha efectiva a partir del 6 de junio. Asimismo, se habilita el uso de la Oficialía de Partes Electrónica (https://ope.cne.gob.mx), y se confirma la aplicación temporal de los lineamientos y criterios técnicos de la extinta CRE, hasta que sean sustituidos por la nueva regulación. Asimismo, se establecen plazos específicos para que los regulados regularicen sus obligaciones:

• 15 días hábiles para la entrega de reportes pendientes; en caso de que no se regularicen serán sujetos al inicio de procedimientos administrativos correspondientes.
• 30 días naturales para la reexpedición de certificados por Unidades de Inspección; los certificados que no sean obtenidos nuevamente en el plazo quedarán sin efectos.
• 10 días hábiles para ratificar trámites iniciados ante la CRE, mediante el formato previsto en el Anexo 1 del Acuerdo. Aquellos casos en que no se realice la ratificación se entenderá que no existe voluntad de continuar con el asunto.

Asimismo, el Acuerdo no solo representa una formalidad administrativa, sino una redefinición práctica del funcionamiento regulatorio en México. La CNE se presenta como la nueva autoridad central en materia energética, con facultades y responsabilidades claves para garantizar la estabilidad y continuidad de la política energética. Los permisionarios del sector deberán mantenerse atentos a la evolución normativa y operativa de esta nueva etapa, adaptando sus estrategias y cumplimiento conforme se vayan emitiendo los nuevos reglamentos y lineamientos aplicables.

La publicación de este Acuerdo representa un punto de inflexión en la transición institucional del sector energético mexicano. Con la reanudación de plazos y términos por parte de la CNE, se pone en marcha de forma oficial el nuevo modelo regulatorio que sustituye al de los órganos reguladores coordinados en materia de energía, otorgando certidumbre jurídica y operativa tanto a los particulares como a las autoridades.

Si bien la CNE ya se encuentra facultada para atender gran parte de los trámites, la implementación total de sus competencias será progresiva. Por es recomendable que los actores del sector revisen con detalle el estatus de sus trámites, identifiquen posibles obligaciones pendientes y se preparen para responder con agilidad ante los nuevos requerimientos de la CNE. Asimismo, será importante mantener un monitoreo constante de la evolución normativa, especialmente en lo que respecta a la emisión de los reglamentos pendientes, los cuales definirán con mayor claridad el alcance y las condiciones para operar bajo el nuevo esquema.

Links de Referencias: https://sidofqa.segob.gob.mx/notas/5759417

Resumen Ejecutivo

• En cumplimiento a la Orden Ejecutiva del presidente Trump, el Departamento de Justicia de EE.UU. emitió nuevos lineamientos para la aplicación de la Ley FCPA, limitando las investigaciones a casos graves relacionados con crimen organizado, seguridad nacional y competencia. Se busca evitar la criminalización de “prácticas habituales de negocio” entre las cuales se comprenden los pagos de facilitación y/o agilización. Lo anterior es un llamado para que las empresas mexicanas aseguren contar con programas robustos de compliance que se sujeten a las disposiciones que en materia de anti-corrupción les resulten aplicables, recordando que en México, toda forma de corrupción está prohibida, pudiendo resultar su actualización en importantes sanciones administrativas y/o penales.

En cumplimiento a lo establecido en la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald J. Trump el pasado 10 de febrero, el Departamento de Justicia de los EE. UU. emitió el pasado 9 de junio nuevos lineamientos a observarse en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FCPA.

• La Orden Ejecutiva del presidente Trump, ordenaba al Departamento de Justicia de los EE.UU., no iniciar nuevas investigaciones o acciones de cumplimiento de la FCPA y revisar las existentes, hasta en tanto no se emitieran nuevos lineamientos para garantizar un uso eficiente de los recursos federales que prioricen la salvaguardia de los intereses económicos de las empresas de EE.UU., en alineación a las prerrogativas de su política exterior.
• En observancia a lo establecido en la Orden Ejecutiva, el Departamento de Justicia emitió los nuevos lineamientos, instruyendo a los fiscales a sujetarse en los procesos de investigación, entre otros, a los siguientes criterios:
  • Cárteles u Organizaciones Criminales Transnacionales. Determinar si la presunta conducta ilícita se asocia con operaciones de Cárteles u Organizaciones Criminales Transnacionales (“OCTs”); involucra facilitadores para el blanqueamiento de capitales a favor de Cárteles u OCTs; o guarda conexión con empresas o servidores públicos extranjeros receptores de sobornos de Cárteles u OCTs.  
  • Salvaguardia de oportunidades justas para las empresas de EE.UU. Priorizar la persecución de aquellas conductas que transgredan los principios de competencia, seguridad nacional y prosperidad económica nacional, debiéndose enfocar en perseguir, aquellas conductas que comprendan el soborno a servidores públicos extranjeros para obtener o conservar negocios en perjuicio de una justa competencia, debiendo perseguirse por igual, tanto a los servidores públicos extranjeros que los soliciten, como a los particulares que accedan a dichas solicitudes.
  • Custodia de la Seguridad Nacional. Combatir las amenazas más urgentes a la seguridad nacional que resulten del soborno a servidores públicos extranjeros que involucren infraestructura clave y/o activos de los EE.UU.
  • Priorizar conductas que impliquen Faltas Graves. Se solicita a los fiscales no criminalizar a los estadounidenses por “prácticas habituales de negocios efectuadas en otros países”, y considerar que la FCPA comprende una excepción para el caso de pagos de facilitación y agilización, además de admitir la promoción de defensas afirmativas ante gastos de negocios razonables y de buena fe que sean considerados legales conforme a las leyes del país de que se trate. Se deberá desistir de perseguir aquellas conductas que comprendan prácticas habituales de negocio o de cortesía que involucren cuantías de minimis, debiendo enfocarse en perseguir aquellos actos ilícitos que representen fuertes indicios de corrupción que denoten sofisticados mecanismos de soborno y obstrucción de justicia.

• Dichas disposiciones resultan en un llamado importante para que las empresas mexicanas revisen sus programas de compliance, asegurando que los mismos cumplan con las leyes, regulaciones, normas, y/o principios de conducta aplicables en cada una de las jurisdicciones en las que tengan presencia, recordando que para el caso particular de México, existe una prohibición absoluta de incurrir en conductas constitutivas de corrupción, incluyendo pagos de facilitación y/o agilización, pudiendo resultar su comisión en la imposición de importantes sanciones como resultado de la actualización de alguna falta administrativa grave y/o delito.

_{Los “Lineamientos para la Investigación y Ejecución de la FCPA” están disponibles en la siguiente liga: Guidelines for Investigations and Enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act.}

Resumen Ejecutivo

El 16 de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“LOPSRM”), impulsada por la titular del Ejecutivo Federal con el objetivo de fortalecer el marco normativo en materia de contratación pública y, con ello, garantizar infraestructura de calidad y un uso eficiente de los recursos públicos. Esta reforma responde a deficiencias previamente identificadas que obstaculizaban dichos objetivos y representa un cambio estructural en la forma en que el Estado mexicano planea, contrata, ejecuta y supervisa obras públicas, al incorporar principios de transparencia, eficiencia y digitalización.

Entre los cambios más significativos se encuentra la creación de una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, la introducción de nuevos procedimientos de licitación, la bitácora electrónica obligatoria, y la limitación de la subcontratación. Estas medidas buscan fortalecer la rendición de cuentas, reducir espacios de discrecionalidad y fomentar una mayor competencia en el sector.

Principales cambios

1. Plataforma digital de Contrataciones Públicas

Uno de los pilares de la reforma es la creación de una nueva plataforma digital que sustituye a CompraNet. Esta herramienta centraliza todo el ciclo de contratación, desde la planeación hasta la firma del contrato, permitiendo trazabilidad en tiempo real y acceso público a la información. La plataforma también incorpora mecanismos de firma electrónica y seguimiento automatizado de los procedimientos.

2. Nuevos procedimientos de contratación

La reforma introduce figuras como los diálogos estratégicos, que permiten a las dependencias interactuar con posibles proveedores antes de lanzar una licitación, con el fin de mejorar la calidad técnica de los proyectos. También se incorporan las ofertas subsecuentes de descuento, que permiten que los licitantes, después del acto de presentación y apertura de proposiciones, realicen electrónicamente ofertas adicionales para mejorar el precio inicial ofertado, lo cual tiene por objeto obtener mejores precios para el Estado y fomentar la competitividad entre los participantes. Además, se fortalece el uso del método de puntos y porcentajes en la evaluación de propuestas, priorizando a empresas con políticas de integridad y cumplimiento normativo.

3. Bitácora electrónica obligatoria

Se establece la obligatoriedad de llevar una bitácora electrónica en todos los contratos de obra pública. Esta herramienta digital, permite registrar en tiempo real los avances, incidencias y modificaciones durante la ejecución de la obra.

4. Subcontratación regulada y limitaciones

La reforma impone un límite del 49% (cuarenta y nueve por ciento) del monto total del contrato para la subcontratación, con el objetivo de evitar la fragmentación de responsabilidades y garantizar que el contratista principal tenga capacidad técnica y operativa. Además, se prohíbe subcontratar a empresas que hayan participado en el mismo procedimiento de contratación, cerrando la puerta a posibles simulaciones.

5. Reducción de plazos y mayor agilidad

Se reducen los plazos legales para diversas etapas del procedimiento de contratación, como la presentación de propuestas y la emisión del fallo. También se permite adjudicar el contrato al segundo lugar si el primero no firma, siempre que la diferencia de precio no supere el 10% (diez por ciento).

6. Actualización de Sujetos Obligados y Exclusiones

La reforma aclara que todas las entidades que ejerzan recursos federales están sujetas a esta ley, incluyendo estados, municipios y órganos autónomos, salvo que cuenten con un régimen específico. También se excluyen expresamente las obras realizadas por empresas públicas del Estado y aquellas necesarias para concesionarios de servicios públicos.

7. Inclusión de nuevos mecanismos de solución de controversias

Asimismo, se adicionó un capítulo sobre arbitraje y otros mecanismos alternativos para resolver disputas relacionadas con la interpretación o ejecución de contratos. Esto busca agilizar la resolución de conflictos y evitar que las controversias retrasen la ejecución de los trabajos.

En este sentido, la reforma a LOPSPRM de abril de 2025 representa un esfuerzo ambicioso por modernizar el sistema de contratación pública en México. Al incorporar herramientas digitales, nuevos procedimientos de licitación y mecanismos de control más estrictos, la reforma tiene el potencial de mejorar significativamente la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas.

No obstante, su éxito dependerá en gran medida de la implementación efectiva de las disposiciones secundarias, la capacitación de los servidores públicos y la voluntad política para aplicar la ley de manera uniforme. Las exclusiones otorgadas a las Fuerzas Armadas así como la vaguedad en ciertas causales de excepción, representan riesgos significativos que podrían debilitar los avances normativos y perpetuar esquemas de opacidad que históricamente han favorecido la corrupción, si no se corrigen o supervisan adecuadamente.

Uno de los principales cambios instaurados por la reforma es la creación y puesta en operación de una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Esta herramienta, denominada Compras MX, fue inaugurada oficialmente el 18 de abril de 2025 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en sustitución del antiguo sistema CompraNet.

Compras MX fue diseñada para centralizar y transparentar la información relacionada con las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras. Su objetivo es facilitar el acceso a datos claros, oportunos y detallados sobre el uso de los recursos públicos, tanto para ciudadanos como para empresas y entidades gubernamentales. A diferencia de su antecesora, esta plataforma no solo permite la consulta de procesos, sino que también busca operar como un sistema transaccional que agilice la gestión de procedimientos, fomente la competencia y fortalezca la rendición de cuentas.