En 2012 se reformó el artículo 4º constitucional, estableciendo que el Congreso debía expedir una nueva Ley General de Aguas antes de febrero de 2013. Desde entonces se han presentado múltiples iniciativas que no han avanzado, lo que ha generado doce años de estancamiento normativo.
El 3 y 4 de diciembre de 2025 el Congreso aprobó la Ley General de Aguas (la “Nueva Ley de Aguas”) y reformas relevantes a la Ley de Aguas Nacionales (la “LAN”), reconfigurando el marco hídrico con un énfasis decisivo en el derecho humano al agua y al saneamiento. La Nueva Ley de Aguas reglamenta el artículo 4º constitucional y articula la concurrencia entre Federación, entidades federativas y municipios.
Como resultado, la LAN contiene disposiciones desactualizadas, contradictorias y poco operativas, lo que ha contribuido a una gestión lenta por parte de la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”). Aun así, la LAN conserva mecanismos valiosos para enfrentar el estrés hídrico, proteger los recursos naturales y apoyar el desarrollo económico, por lo que muchos de ellos deberían preservarse.
Frente a este escenario, y considerando que los sectores industrial y agrícola dependen de contar con fuentes de agua estables, legales y de calidad, Santamarina y Steta presenta esta guía para explicar los cambios que la reforma podría generar en el suministro de agua para estos sectores y las acciones recomendables para proteger sus derechos.
