En 2012 se reformó el artículo 4º constitucional, estableciendo que el Congreso debía expedir una nueva Ley General de Aguas antes de febrero de 2013. Desde entonces se habían presentado múltiples iniciativas que no avanzaron, lo que generó doce años de estancamiento normativo. Es hasta el 11 de diciembre de 2025 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley General de Aguas (la “Nueva Ley de Aguas”) y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales (la “LAN”), reconfigurando el marco hídrico con un énfasis decisivo en el derecho humano al agua y al saneamiento.
La Nueva Ley de Aguas reglamenta el artículo 4º constitucional y articula la concurrencia entre Federación, entidades federativas y municipios, incorporando principios de derechos humanos.
La publicación de dicho Decreto, dispone que las reformas a la LAN y la Nueva Ley de Aguas, entrarán en vigor al día siguiente, esto es, 12 de diciembre de 2025, y fija plazos específicos para armonizar leyes locales y expedir la legislación secundaria.
Frente a este escenario, y considerando que los sectores industrial y agrícola dependen de contar con fuentes de agua estables, legales y de calidad, Santamarina y Steta presenta esta guía para explicar los cambios que la Reforma genera en el suministro de agua para estos sectores y las acciones recomendables para proteger sus derechos.
