Daño Moral: ¿Debe considerarse la capacidad económica de la víctima para determinar la indemnización?
El 5 de junio de 2026, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia de rubro: “DAÑO MORAL. NO DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA VÍCTIMA PARA CUANTIFICAR SUS CONSECUENCIAS EXTRAPATRIMONIALES”, derivada del amparo directo en revisión 5225/2025.
Si bien el criterio podría parecer una precisión técnica, tiene un impacto directo en la forma en que se reclaman, se defienden y se cuantifican las acciones de daño moral en México. A continuación, compartimos los aspectos más relevantes:
I. Antecedentes.
Una persona resultó lesionada en un accidente vehicular. Por ello, demandó en la vía ordinaria civil a la aseguradora del vehículo que causó el accidente el pago de la reparación integral del daño, incluido el daño moral.
En primera instancia, el juez absolvió a la aseguradora. La víctima apeló y la Sala revocó esa sentencia. Condenó a la aseguradora, entre otros conceptos, al pago de una indemnización por daño moral, cuyo monto fijó con base en el dolor y la aflicción que sufrió la víctima.
La aseguradora promovió amparo directo, y el Tribunal Colegiado se lo concedió. Consideró que, para cuantificar el daño moral, debieron tomarse en cuenta los ingresos que la víctima dejó de percibir. La víctima interpuso recurso de revisión: alegó que ello era discriminatorio, pues sería condenarlo a ejercer la misma actividad toda su vida y limitarlo a obtener dichos ingresos, sin posibilidad de crecimiento, desarrollo, emprendimiento, superación y de llevar a cabo un proyecto de vida que en determinado momento le diera a ganar mayores ingresos.
II. El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.
El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que el monto de la indemnización por daño moral lo determinará la persona juzgadora tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Una lectura literal de dicho precepto podría llevar a que dos personas que sufren la misma afectación reciban indemnizaciones distintas únicamente en razón de sus ingresos.
III. Consecuencias Extrapatrimoniales y Patrimoniales del Daño Moral.
El Pleno de la SCJN retomó lo resuelto por la extinta Primera Sala en el amparo directo 30/2013, en el que se explicó que el daño moral puede dar lugar a dos tipos de consecuencias: i) morales en sentido estricto o extrapatrimoniales, cuya compensación busca mitigar las lesiones a los afectos, sentimientos o psique de la víctima, atendiendo a su carácter e intensidad; y ii) de índole patrimonial, cuya indemnización busca reparar las pérdidas económicas presentes o futuras derivadas del daño.
IV. Criterio de la SCJN.
Con base en lo anterior, el Pleno de la SCJN determinó que el artículo 1916 es constitucional y acorde con el derecho a la reparación integral del daño, siempre que se interprete en el sentido de que la situación económica de la víctima únicamente puede considerarse para cuantificar la indemnización por las consecuencias patrimoniales del daño moral.
Por el contrario, considerar la situación económica de la víctima para cuantificar las consecuencias extrapatrimoniales del daño moral resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque la condición económica de una persona no determina la intensidad del dolor o sufrimiento que experimenta. Sostener lo contrario implicaría aceptar que una persona con mayores recursos económicos sufre más que una con menores recursos, o que esta última merece una indemnización mayor por el solo hecho de tener menos recursos, lo que la SCJN consideró irracional.
V. Conclusiones.
La Jurisprudencia obliga a distinguir con claridad el componente extrapatrimonial del componente patrimonial del daño moral. Para quien reclama, la compensación por el sufrimiento no podrá reducirse en razón de sus ingresos, aunque las pérdidas económicas deberán acreditarse por separado. Para los demandados, la discusión sobre el monto se traslada a la intensidad de la afectación y a la prueba de las consecuencias patrimoniales, sin que la situación económica de la víctima pueda considerarse para cuantificar las consecuencias extrapatrimoniales.
En este contexto, será relevante analizar el alcance e impacto práctico de este criterio en la estrategia probatoria de las controversias por daño moral. Como complemento, compartimos los enlaces para consultar la Jurisprudencia: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032225, y la sentencia de la cual derivó: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/34040.
Nuestro equipo permanece a su disposición para analizar el criterio antes descrito y sus posibles implicaciones en controversias actuales o futuras.



