Reformas a la Ley Minera son aprobadas por la Cámara de Diputados

Abril 2023 | Versión para imprimir

Resumen Ejecutivo:

• El 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para reformar diversas leyes, entre ellas la Ley Minera.
• La iniciativa tuvo diversas modificaciones a las reformas originalmente propuestas por el presidente, dentro de las que destaca la duración de las concesiones mineras.
• El proyecto fue enviado a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo.

El pasado 21 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó en fast track la iniciativa para reformar diversas leyes, entre ellas la Ley Minera, mediante la cual se modifica y afecta la regulación de las concesiones mineras.

Al evaluarse y discutirse la iniciativa en la Cámara de Diputados se hicieron una serie de modificaciones a la misma, dentro de las cuales destacamos las siguientes:

• Los particulares que proporcionen información a la Secretaría de Economía de la que se desprenda que existen minerales o sustancias no estratégicas en lotes no asignados o concesionados, tendrán derecho a obtener la concesión.

• Se propone que las concesiones en materia de minería puedan abarcar dos o más minerales o sustancias, siempre que no se tate de un mineral reservado al Estado.

• Se modifica la iniciativa del Ejecutivo Federal para que las concesiones mineras tengan una duración de 30 años (con posibilidades de prórrogas), en contraposición a los 15 años originalmente propuestos.

• Se establece que los concesionarios tendrán la oportunidad para que, previo a que la concesión sea cancelada, puedan realizar las acciones de prevención o remediación conducentes dentro de un plazo de 3 meses, de lo contrario la concesión se suspenderá por 6 meses para llevar a cabo dichas acciones y, de no llevarse a cabo, se cancelará definitivamente.

La iniciativa y sus modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados fue remitida a la Cámara de Senadores para que continúe con el proceso legislativo.

Consideramos que de aprobarse en todos sus términos, la iniciativa contraviene diversos derechos constitucionales, entre otros, los de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, siendo que los particulares que sean afectados tendrán derecho a promover un juicio de amparo ante un Juez de Distrito.