Resumen Ejecutivo:
- En el contexto de las recientes elecciones y la próxima conformación del Congreso de la Unión, se ha reavivado la discusión sobre la propuesta de reforma constitucional presentada el 5 de febrero de 2024 para reformar el Poder Judicial de la Federación.
- La iniciativa, en su forma actual, representa un riesgo significativo para la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho.
Como resultado de la reciente elección y la posible conformación de la siguiente legislatura del Congreso de la Unión, se reactivó la discusión sobre la iniciativa de reforma constitucional presentada el 5 de febrero de 2024 para “reformar” al Poder Judicial de la Federación.
Los ejes principales sobre los que recae esa iniciativa son los siguientes:
- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”). Se reduce el número de Ministros de 11 a 9, para que funcionen únicamente en Pleno.
- Elección por voto popular de Ministros, Magistrados y Jueces. Elección extraordinaria en Para Ministros, Magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina, se propondrían:
- 10 candidaturas por el Poder Ejecutivo
- 5 candidaturas por cada cámara del Congreso
- 10 candidaturas por el Pleno de la SCJN (por mayoría de 6 votos)
El resto de los Magistrados y Jueces a partir de 6 candidaturas por cargo (2 por cada Poder de la Unión).
- Eliminar al Consejo de la Judicatura Federal, sustituyéndolo con un Tribunal de Disciplina Judicial (5 Magistrados electos) y un Órgano de Administración Judicial (5 personas designadas, uno por el Presidente, uno por el Senado y tres por la SCJN).
- Reglas procesales. Se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asunto penales. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Se ha adelantado que se iniciará la discusión de esta iniciativa tan pronto como entre en funciones la nueva legislatura (1 de septiembre de 2024), a efecto de que sea aprobada, en su caso, en el primer periodo de sesiones. También existe el planteamiento de convocar a diversos sectores (universidades, barras de abogados, sector empresarial, integrantes del Poder Judicial, etc.) para discutir la propuesta y dialogar sobre la mejor forma de reformar al Poder Judicial.
Consideramos que la iniciativa, tal y como está planteada, presenta un serio riego a la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y pone en entredicho el Estado de Derecho, tal y como lo conocemos.
Estaremos muy pendientes del desarrollo y avance de este proceso, manteniéndolos informados del mismo. En caso de tener cualquier duda sobre cómo puede impactar lo anterior en asuntos particulares, con gusto podemos asesorarlos.
