Resumen Ejecutivo:

• Las criptomonedas han irrumpido con fuerza en el escenario global como un medio alternativo de intercambio y una nueva forma de activo digital. En México, aunque las criptomonedas, no se reconocen como moneda de curso legal, su utilización en el ámbito mercantil y financiero ha proliferado, generando tanto oportunidades como desafíos.
• Uno de los retos significativos que debemos de plantearnos sobre la utilización, cada vez más frecuente de las criptomonedas, se encuentra en los litigios derivados de contratos mercantiles que involucran criptoactivos, los cuales reflejan la tensión entre un marco regulatorio que aún no se adapta completamente a esta innovación tecnológica y las necesidades del comercio moderno.

El marco regulatorio que aborda, aunque de manera parcial, las criptomonedas en México es la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). Esta ley fue promulgada en 2018 con el objetivo de regular las operaciones de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) y su interacción con activos virtuales, entre ellos las criptomonedas. Con base en el artículo 30 de la Ley Fintech, un activo virtual es “una representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos”. Sin embargo, la ley establece claramente que dichos activos no se consideran monedas de curso legal en el país.

Al respecto, el Banco de México (Banxico) ha sido categórico al prohibir a las instituciones financieras ofrecer criptomonedas como productos o servicios al público en general, limitando su uso a operaciones internas, previa autorización y bajo estrictas medidas de control de riesgos . Esta postura restrictiva refleja una preocupación por el riesgo que estos activos representan, especialmente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, debido al anonimato que ofrecen y la dificultad de rastrear su origen .

Uno de los puntos críticos en los litigios sobre criptomonedas en contratos mercantiles es su naturaleza como medio de pago. Pues, como ya se mencionó supralíneas, en términos jurídicos, una criptomoneda no es considerada moneda; conforme a la Ley del Banco de México, sólo el peso mexicano tiene la calidad de moneda de curso legal, y ninguna otra moneda puede tener ese estatus dentro del país. Sin embargo, las criptomonedas pueden ser usadas en contratos bajo la figura de permuta, prevista en el artículo 2327 del Código Civil Federal, que regula la obligación de intercambiar una cosa por otra –tomando en consideración que las criptomonedas sólo representan valor-.

El problema surge en la práctica: aunque las partes pueden celebrar un contrato de permuta usando criptomonedas, las complicaciones fiscales y operativas para ejecutar el contrato son evidentes. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no incluye a las criptomonedas dentro de las formas de pago reconocidas para fines fiscales, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las partes involucradas en estas transacciones .

Otro tema recurrente en los litigios es la fluctuación del valor de las criptomonedas, que puede generar grandes discrepancias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El artículo 1796 del Código Civil Federal establece que el precio de una obligación debe ser “cierto y determinado”, lo cual se torna problemático en el contexto de criptomonedas, donde su valor puede variar considerablemente en cuestión de horas o inclusive minutos. Los tribunales han enfrentado la dificultad de interpretar los contratos cuando los precios se determinan en criptomonedas, especialmente cuando no se incluyen cláusulas de ajuste o mecanismos para estabilizar las fluctuaciones del valor.

En litigios recientes, se ha observado una tendencia a exigir que los contratos que utilizan criptomonedas incluyan salvaguardas, como estipulaciones que permitan recalcular el valor de la obligación en moneda de curso legal o cláusulas de renegociación en caso de fluctuaciones extremas del valor .

Ahora bien, una cuestión más profunda y central en los litigios sobre criptomonedas es la naturaleza jurídica de estas. Dado que no están respaldadas por el Estado ni cuentan con mecanismos de protección al consumidor, las criptomonedas se asemejan más a bienes intangibles, lo que las coloca en una categoría especial de activos digitales que requieren una interpretación distinta dentro del marco jurídico tradicional .

La ausencia de respaldo institucional y la imposibilidad de cancelar transacciones realizadas en blockchain –tecnología base de las criptomonedas– refuerza los riesgos de litigios, ya que las partes no pueden revertir fácilmente operaciones fallidas o fraudulentas.

Adicionalmente y a pesar de los avances en la regulación de las criptomonedas en México, subsisten los desafíos para la ejecutabilidad de este tipo de activos, el marco regulatorio existente cubre solo a las ITF y algunas casas de cambio que ofrecen servicios de compra-venta de criptomonedas, pero deja fuera a otras entidades no financieras que también participan en el ecosistema , lo cual deja en total indefensión a todo aquel que se vea involucrado en una situación de riesgo.

Los litigios sobre criptomonedas suelen plantear preguntas sobre qué ley debe aplicarse (dado el carácter transfronterizo de muchas operaciones) y cómo garantizar la ejecución de sentencias que involucren criptomonedas, especialmente cuando estas pueden ser transferidas a jurisdicciones extranjeras en cuestión de segundos. Además, la Circular 4/2019 del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ha recomendado mantener una “sana distancia” entre las criptomonedas y el sistema financiero formal, lo que revela una clara reticencia de las autoridades mexicanas para integrarlas plenamente en las operaciones diarias y que sin lugar a duda debe de ser un parámetro y un foco de atención crucial, toda vez que esto podría derivar o encausar limitantes innecesarias entre comerciantes.

Los litigios sobre criptomonedas en contratos mercantiles en México representan un área emergente y en constante evolución dentro del derecho. La volatilidad de estos activos, combinada con su naturaleza no regulada y su falta de reconocimiento como moneda de curso legal, ha creado desafíos únicos para el sistema jurídico mexicano. El desarrollo de un marco regulatorio integral y la creación de precedentes jurisprudenciales sólidos serán clave para mitigar las controversias futuras y proporcionar certidumbre a las partes que decidan usar criptomonedas en sus transacciones comerciales.

Pues a medida que las criptomonedas se convierten en una parte más integral del comercio digital, los litigios sobre su uso también seguirán aumentando, particularmente en torno a la validez de los contratos, la fluctuación de su valor y la falta de respaldo institucional. Esto exigirá a que se continúe desarrollando un marco regulatorio más detallado que aborde los vacíos existentes, especialmente en áreas como la fiscalidad, la protección al consumidor y los derechos de las partes en contratos que involucren criptomonedas.

Parte 2: ¿Qué tipo de casos son arbitrables?

Resumen Ejecutivo:

• Transformación Radical del Sistema Judicial: El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que redefine de manera drástica el sistema judicial de México. Esta reforma, que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias leyes clave, altera profundamente la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. La magnitud de estos cambios ha suscitado preocupaciones sobre la independencia y eficacia del sistema judicial, creando un clima de incertidumbre para los justiciables y los inversionistas.
• El Arbitraje como Alternativa Estratégica y Confiable: En medio de esta transformación y los desafíos emergentes, el arbitraje se presenta como una solución robusta y confiable para la resolución de conflictos. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque el arbitraje se ha estado promoviendo como una solución universal para todos los tipos de disputas, no todos los casos son arbitrables. Es crucial que se cumplan los requisitos de arbitrabilidad y que todas las partes involucradas hayan dado su consentimiento para someterse a este proceso. El arbitraje ofrece una vía eficiente para resolver conflictos en el nuevo contexto judicial, siempre que se respeten estos principios.

El pasado 15 de septiembre de 2024, el titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que transforma de manera radical el sistema judicial de México, misma que fue aprobada de manera turbulenta por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.

Esta reforma que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes clave, redefine la organización y funcionamiento del Poder Judicial. La magnitud de estos cambios plantea serias preocupaciones sobre la independencia y eficacia del sistema judicial. Es por esto que los justiciables y los inversionistas se encuentran preocupados sobre cómo estas modificaciones impactarán el acceso a la justicia y la confianza en el sistema judicial, creando un entorno de incertidumbre que requiere soluciones efectivas.

En mi artículo anterior de este Newsletter, abordé el papel del arbitraje como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. En el contexto actual, el arbitraje se presenta como una herramienta confiable que ofrece una solución eficiente para manejar disputas que podrían complicarse debido a los cambios en el sistema judicial.

Sin embargo, es crucial destacar que el arbitraje no es una solución universal aplicable a todos los tipos de conflictos. Aunque algunas voces promueven el arbitraje como una alternativa viable para cualquier disputa, esta visión no siempre se alinea con la realidad práctica. El arbitraje tiene limitaciones y no todas las materias son adecuadas para ser resueltas por este mecanismo, una consideración que a veces se pasa por alto en las discusiones sobre su alcance y aplicación.

Para que un caso pueda ser resuelto mediante arbitraje, es necesario que las partes involucradas hayan acordado someterse a este mecanismo, ya sea desde el inicio de la relación contractual, en un momento posterior, o incluso después de que haya surgido el conflicto. La voluntad de todas las partes es esencial. Por lo tanto, es altamente recomendable establecer el arbitraje como método de resolución de disputas desde el principio, ya que esto puede prevenir complicaciones futuras y garantizar una resolución eficiente en caso de conflicto.

En resumen, para que un caso sea arbitrable, es necesario que todas las partes hayan dado su consentimiento para el arbitraje. Las decisiones de un árbitro son vinculantes, basadas en el principio del derecho pacta sunt servanda[1], y no se puede obligar a nadie a someterse al arbitraje sin su consentimiento. No obstante, es importante señalar que una vez aceptado, las partes están comprometidas y obligadas a seguir el procedimiento arbitral.

Adicionalmente, existen materias que no pueden ser objeto de un procedimiento arbitral, ya que su resolución está reservada exclusivamente para la jurisdicción estatal. En México, no hay reglas uniformes sobre qué materias son arbitrables. La regla general es que, si se trata de derechos de libre disposición, la materia es arbitrable.

De acuerdo con la doctrina y los criterios del Poder Judicial de la Federación, para determinar la arbitrabilidad se deben considerar los siguientes factores: (i) la materia no debe estar excluida por la ley; (ii) debe tratarse de derechos de libre disposición; (iii) no debe afectar el interés público; y (iv) no debe involucrar derechos de terceros.

De acuerdo con los puntos mencionados, a manera de ejemplo, algunas materias que no son arbitrables en nuestro sistema jurídico incluyen las controversias laborales, el derecho de familia, los alimentos, la patria potestad, el matrimonio, la tutela y custodia de menores, los conflictos relacionados con el estado civil de las personas, las controversias relativas a responsabilidad penal o delitos, el derecho tributario, los procedimientos concursales de insolvencia y quiebra, entre otras. Estas áreas están reservadas para la jurisdicción estatal debido a su naturaleza compleja y la necesidad de salvaguardar derechos y principios fundamentales.

En conclusión, el arbitraje se presenta como una alternativa relevante y potente frente a la reforma del Poder Judicial. Dado que la reforma introduce cambios significativos que podrían afectar la independencia y la calidad del sistema judicial, el arbitraje ofrece una solución efectiva y confiable. No obstante, es fundamental asegurarse de que se cumplan los requisitos de arbitrabilidad y que las partes hayan manifestado su consentimiento para resolver sus disputas mediante arbitraje.

Reitero que, para que el arbitraje prospere, es necesario que las partes y sus asesores legales adapten sus estrategias al nuevo entorno judicial. Para que el arbitraje sea verdaderamente efectivo, debe establecerse desde el inicio o, al menos, acordarse de manera preventiva para futuras disputas. Además, la eficacia del arbitraje requiere que los árbitros mantengan imparcialidad e independencia y que las partes se comprometan a respetar y cumplir los laudos arbitrales, sin importar el resultado, siempre y cuando se haya seguido un procedimiento arbitral correctamente.

Si se cumplen estos principios, el arbitraje puede minimizar la necesidad de recurrir a los tribunales estatales, garantizando la resolución de controversias de manera imparcial, experta y eficiente.

[1] “Pacta sunt servanda” es un principio fundamental del derecho que establece que los contratos y acuerdos entre partes deben ser respetados y ejecutados según los términos acordados.