El acuerdo alcanzado en días recientes entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para simplificar ciertas disposiciones del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) representa uno de los ajustes regulatorios más relevantes desde la entrada en vigor de este marco normativo en agosto de 2024. Más allá de tratarse de una mera flexibilización administrativa, la iniciativa refleja un cambio estratégico en la manera en que Europa busca posicionarse frente a la creciente competencia tecnológica global, particularmente frente a Estados Unidos y China. En ese sentido, el acuerdo evidencia una evolución del discurso europeo: de una regulación predominantemente precautoria hacia un modelo más pragmático y orientado a la competitividad tecnológica.

¿QUÉ CAMBIA CON ESTE ACUERDO?

A. Plazos de cumplimiento.

Se modificó el calendario de aplicación para los sistemas de IA considerados de alto riesgo (aquellos usados en infraestructuras críticas, educación, recursos humanos o justicia).

Las obligaciones aplicables a sectores sensibles como biometría, infraestructura crítica, educación, empleo, migración y control fronterizo comenzarán a implementarse a partir de diciembre de 2027, mientras que los sistemas integrados en productos físicos, como juguetes o ascensores, estarán sujetos a las nuevas reglas hasta agosto de 2028.

Desde una perspectiva regulatoria, el acuerdo confirma una tendencia cada vez más visible en la Unión Europea: la necesidad de compatibilizar supervisión tecnológica con viabilidad económica. El AI Act fue concebido originalmente como un instrumento robusto de mitigación de riesgos, pero su implementación generó inquietudes sobre posibles efectos adversos en innovación y costos de cumplimiento, particularmente para startups y empresas medianas. En respuesta, el nuevo acuerdo amplía ciertos beneficios regulatorios previamente reservados a pequeñas y medianas empresas, además de reforzar mecanismos como los “sandboxes regulatorios” (espacios controlados de experimentación donde las empresas pueden desarrollar y probar sistemas de IA con supervisión directa, bajo esquemas de flexibilidad de cumplimiento) para pruebas en condiciones reales.

B. Prohibición de generación de contenido explícito no consentido.

La simplificación regulatoria y la extensión de plazos no implica una relajación absoluta. De hecho, el acuerdo busca introducir una prohibición expresa sobre sistemas de IA capaces de generar contenido sexualmente explícito e íntimo sin consentimiento. La incorporación específica de esta prohibición resulta particularmente significativa por dos razones. Primero, porque reconoce formalmente el crecimiento exponencial de tecnologías generativas utilizadas para producir imágenes no consentidas. Segundo, porque refleja la creciente preocupación respecto del impacto de estas herramientas en la privacidad y la dignidad humana, especialmente de mujeres y menores de edad.

Este punto también revela una característica distintiva del modelo europeo de gobernanza digital: la regulación basada en riesgos continúa profundamente vinculada a la protección de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de datos personales consagrado en el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El AI Act no opera de manera aislada, sino en estrecha coordinación con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), estableciendo un marco normativo complementario donde las obligaciones de transparencia, minimización de datos y evaluación de riesgos se refuerzan mutuamente. La Unión Europea sigue posicionando la protección de la persona como eje estructural de su arquitectura normativa digital.

C. Armonización regulatoria en Europa.

El acuerdo también busca aclarar la interacción entre el AI Act y otras regulaciones sectoriales europeas como el Reglamento de Máquinas. Esta armonización normativa busca evitar duplicidades regulatorias y reducir incertidumbre jurídica para fabricantes y desarrolladores, lo que podría traducirse en procesos de cumplimiento más eficientes y en una reducción de cargas administrativas para las empresas.

¿QUÉ SE QUEDA IGUAL?

El AI Act no se archiva. El reglamento aún exige obligaciones críticas que siguen su curso original y cuyo incumplimiento puede acarrear multas hasta 35 millones de euros o 7% de facturación anual (según tipo de infracción), incluyendo:

1. Capacitación obligatoria del personal en materia de IA, para agosto de 2026.
2. Sistemas prohibidos: La manipulación subliminal, la puntuación social y el reconocimiento de emociones mediante sistemas de IA siguen prohibidos bajo los plazos ya establecidos.

El mensaje subyacente de acuerdos como este es claro: Europa busca evitar que su propio ecosistema regulatorio termine convirtiéndose en una desventaja competitiva frente a otras jurisdicciones, sin desmantelar las salvaguardas orientadas a proteger derechos fundamentales.

Es importante monitorear este tipo de actualizaciones normativas toda vez que la Unión Europea ha consolidado su posición como referente global en materia de gobernanza digital. Sus marcos normativos tienden a replicarse a lo largo del mundo, por lo que los ajustes al AI Act no solo impactarán a empresas con operaciones en territorio europeo, sino que podrían marcar la pauta para futuras reformas regulatorias en Latinoamérica, incluido México.

Referencias: European Commission, EU agrees to simplify AI rules to boost innovation and ban ‘nudification’ apps to protect citizens, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 7 May 2026, disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-agrees-simplify-ai-rules-boost-innovation-and-ban-nudification-apps-protect-citizens (ultima consulta: 13 May 2026).

Resumen Ejecutivo:

El 11 de mayo de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER“) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF“) la “Segunda Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación de Energía Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, Alineados a la Planeación Vinculante” (la “Segunda Convocatoria”). Su publicación se sustenta en los resultados favorables de la primera convocatoria de octubre de 2025, a través de la cual la Comisión Nacional de Energía (“CNE“) otorgó 18 permisos de generación de energía eléctrica.

Aspectos Fundamentales:

• ¿A quién va dirigida? La Segunda Convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en desarrollar nuevos proyectos de generación de energía eléctrica con capacidad igual o mayor a 0.7 MW, que pretendan interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (“SEN“) y se alineen con la planeación vinculante. 
• Proyectos excluidos. Quedan fuera del alcance de la Segunda Convocatoria los proyectos de: (i) generación distribuida; (ii) autoconsumo en cualquier modalidad; (iii) cogeneración; (iv) Esquemas de Desarrollo Mixto; (v) proyectos que no requieran permiso conforme a la Ley del Sector Eléctrico (“LSE“), y (vi) proyectos asociados a permisos previamente otorgados y vigentes. 
• Plataforma. Todos los trámites se gestionan a través de la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético (“VUPE“), disponible en https://ventanillaunica.energia.gob.mx. La VUPE es el canal principal para registro, seguimiento y notificaciones a lo largo del proceso. 

Puntos Clave: Requisitos Técnicos y Condiciones De Participación

Los proyectos deben cumplir con los siguientes criterios técnicos y de alineación para ser elegibles: 

• Tecnología renovable: Los proyectos deben corresponder a fuentes de energía renovable.
• Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (“SAEE”): Se exige que el dimensionamiento del SAEE sea de al menos el 30% de la capacidad de la Central Eléctrica, con una duración mínima de tres horas, y que cumpla con las funciones técnicas y operativas establecidas en el Anexo 14.4 de la Segunda Convocatoria.
• Entrada en Operación Comercial: La fecha de inicio de operaciones comerciales debe ubicarse en el periodo comprendido entre 2027 y el primer semestre de 2030.
• Viabilidad técnica, social y ambiental: Los solicitantes deben contar con evidencia documental de los trámites de viabilidad efectuados ante la SENER, el CENACE y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT“). 

Asimismo, los títulos de permiso que se emitan al amparo de la Segunda Convocatoria deberán contener y cumplir, entre otros, los siguientes plazos y obligaciones: 

• 8 meses a partir de la notificación del permiso para acreditar el esquema de financiamiento del proyecto.
• 6 meses a partir de la notificación del permiso para obtener la autorización definitiva en materia de Manifestación de Impacto Social del Sector Energético y la autorización en materia de impacto ambiental.
• Presentar la garantía financiera ante el CENACE previo a la firma del contrato de interconexión, correspondiente al monto estimado de las obras de interconexión y obras de refuerzo aceptadas.

Calendario Del Proceso

El proceso de la Segunda Convocatoria se desarrolla conforme al siguiente calendario, cuyas fechas corresponden al año 2026 y los días se computan en hábiles salvo indicación expresa:

Links de Referencias: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5787117&fecha=11/05/2026#gsc.tab=0

Datos de contacto: En Santamarina + Steta contamos con un equipo especializado que puede acompañarte en cada etapa del proceso: desde la preparación y presentación de tu expediente regulatorio hasta la gestión de permisos ante la CNE, el CENACE y la SEMARNAT, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y financieras requeridas por la Segunda Convocatoria.

El 24 de abril de 2026, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos” (el “Decreto”). Este ordenamiento, emitido con fundamento en la Ley General de Salud, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, introduce modificaciones relevantes en materia de registros sanitarios, protección de datos y requisitos de importación y exportación de productos agroquímicos. Su alcance es de especial interés para empresas de los sectores agroindustrial, químico y, en particular, para aquellas que desarrollan proyectos de bioenergía o biocombustibles que involucren el uso, producción o comercialización de plaguicidas y nutrientes vegetales.

Aspectos fundamentales

• Nueva categoría regulatoria: Se incorpora la definición de “nuevo producto químico agrícola”.
• Nuevos requisitos documentales: Se actualizan los requisitos para obtener registros ante COFEPRIS, incluyendo un mecanismo de protección de datos de seguridad y eficacia.
• Exclusividad de datos por 10 años: Se introduce el artículo 13 Bis, que establece una protección de 10 años sobre la información de seguridad y eficacia de nuevos productos químicos agrícolas.
• Prórroga de registro actualizada: La prórroga de los registros tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de su emisión.
• Plazo de implementación: La Secretaría de Salud cuenta con 180 días naturales para emitir las adecuaciones normativas y administrativas necesarias.
• Entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en el DOF (25 de abril de 2026).

Puntos Clave Del Decreto

Nueva definición: “Nuevo Producto Químico Agrícola”

El Decreto adiciona la fracción XXXII Bis al artículo 2 del Reglamento para definir como “nuevo producto químico agrícola” aquel plaguicida o nutriente vegetal que contiene un ingrediente activo que no ha sido utilizado en ningún producto que haya obtenido previamente un registro conforme al Reglamento. Esta categoría es la piedra angular de los nuevos mecanismos de protección de datos que se detallan más adelante.

Actualización de Requisitos para la Obtención de Registros

El artículo 10 del Reglamento es objeto de reforma para precisar y ampliar la documentación que los interesados deben presentar ante COFEPRIS. Entre los aspectos más destacados del nuevo texto se encuentran los siguientes:

• Consentimiento expreso del titular de datos: Cuando el solicitante pretenda utilizar, total o parcialmente, la información de seguridad y eficacia de un nuevo producto químico agrícola ya registrado, deberá presentar el consentimiento expreso del titular de dicha información, siempre que no hayan transcurrido más de 10 años desde la fecha de emisión del registro original.
• Acreditación de patente: En caso de que el producto cuente con una patente vigente en México, el solicitante deberá presentar el documento emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que acredite su titularidad o, en su caso, la constancia de la licencia de explotación inscrita ante el mismo Instituto.
• Bases de datos públicas: COFEPRIS publicará y actualizará en su página de internet las bases de datos de registros otorgados, así como las solicitudes de registro en trámite, con una periodicidad mínima de cada 30 días naturales a partir del inicio de su publicación.

La documentación deberá entregarse clasificada en cinco apartados: (i) información administrativa y de identificación; (ii) identidad, composición y métodos analíticos; (iii) información toxicológica y proyecto de etiqueta; (iv) información eco toxicológica y de destino ambiental; y (v) información de propiedades físicas, límites máximos de residuos y efectividad biológica.

Nuevo Artículo 13 Bis: Protección de Datos de Seguridad y Eficacia

Esta es, sin duda, la disposición más relevante del Decreto. El nuevo artículo 13 Bis establece que la información concerniente a la seguridad y eficacia de un nuevo producto químico agrícola —incluyendo datos físico-químicos, toxicológicos, eco toxicológicos y de destino ambiental— gozará de protección por un período de 10 años contados a partir de la fecha en que se haya otorgado el primer registro en territorio nacional.

Durante dicho período, la autoridad competente no podrá permitir que terceros, sin el consentimiento expreso del titular, obtengan un registro para comercializar el mismo producto o uno similar, ya sea con base en dicha información o en el registro sanitario previamente otorgado. Esta protección aplica incluso cuando la solicitud original se haya sustentado en una autorización de comercialización otorgada en el extranjero.

Prórroga de Registros

El artículo 23 Bis 4 es reformado para establecer que la prórroga de los registros tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de su emisión, y que podrá ser revisada en cualquier momento por COFEPRIS, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud.

Disposiciones transitorias y plazos

El Decreto establece las siguientes disposiciones transitorias que toda empresa en el sector debe tener presentes:

Es importante destacar que, en tanto la Secretaría de Salud no emita las adecuaciones normativas y administrativas referidas, continuarán aplicándose las disposiciones anteriores en todo aquello que no contravenga el presente Decreto, debiendo la autoridad competente aplicar directamente las disposiciones de este último en caso de conflicto.

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Referencias: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5785958&fecha=24/04/2026

El pasado 24 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud” (el “Decreto“), el cual introduce modificaciones relevantes en materia de registro sanitario, protección de datos, vinculación de patentes y medicamentos biotecnológicos.

Los cambios son de especial relevancia para empresas farmacéuticas, desarrolladores de medicamentos innovadores, fabricantes de genéricos y biocomparables, así como para titulares de patentes en el sector de insumos para la salud.

Aspectos fundamentales

Nueva definición de Molécula Nueva.  El Decreto actualiza la definición de “Molécula Nueva” para referirse a cualquier fármaco, biofármaco o sustancia con actividad terapéutica, preventiva o rehabilitatoria, solo o en combinación, contenido en un medicamento o producto biológico, que no cuente con registro sanitario previo en territorio nacional.

Evaluación de moléculas nuevas.  Para los medicamentos que contengan moléculas nuevas, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”), solicitará la opinión técnica del Comité de Moléculas Nuevas como parte del proceso de evaluación del registro sanitario. Dicha opinión no será requerida cuando la solicitud ya cuente con una autorización previa emitida por una autoridad regulatoria extranjera reconocida por la Secretaría, salvo que se identifique algún riesgo asociado al medicamento. El Comité estará integrado por titulares de áreas de COFEPRIS y expertos externos con experiencia científica, técnica, académica y regulatoria. La resolución deberá emitirse en un plazo máximo de 180 días a partir de la presentación de la solicitud.

Certificados complementarios de patente

Una de las novedades más relevantes del Decreto es la introducción de los certificados complementarios, mecanismo mediante el cual el titular de un registro sanitario podrá solicitar una compensación cuando existan retrasos no razonables atribuibles a la Secretaría en la tramitación del registro, siempre que dicho retraso afecte el aprovechamiento de la exclusividad de una patente señalada desde el ingreso de la solicitud.

El certificado complementario será expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) y ajustará la vigencia de una de las patentes del medicamento, sin poder exceder de cinco años. Solo podrá solicitarse la compensación respecto de una sola patente por cada retraso y la solicitud deberá presentarse dentro del plazo de 60 días hábiles contados a partir de la notificación del registro sanitario.

La solicitud de compensación es improcedente cuando, entre otros supuestos: (i) la patente forme parte de un medicamento que ya haya obtenido un registro previo; (ii) se haya omitido señalar el número de concesión de la patente en la solicitud original; o (iii) el medicamento haya sido comercializado antes de obtener el registro sanitario.

Protección de datos y medicamentos genéricos

Protección de datos de moléculas nuevas.  La información técnica y científica sobre seguridad, calidad y eficacia de medicamentos que contengan una Molécula Nueva estará sujeta a protección por un periodo de cinco años contados a partir de la notificación del registro sanitario. Durante ese periodo, ningún tercero podrá utilizar dicha información para obtener un registro sanitario sin el consentimiento expreso y por escrito del titular.

Medicamentos genéricos e intercambiabilidad.  Para medicamentos genéricos, en lugar de presentar la información sobre seguridad y eficacia del innovador, se deberá presentar el informe de pruebas de intercambiabilidad. Sin embargo, cuando dicho informe utilice —total o parcialmente— información concerniente a la seguridad y eficacia de una Molécula Nueva, será necesario presentar el consentimiento expreso y por escrito del titular de esa información, si no han transcurrido más de cinco años desde la notificación del registro sanitario del innovador.

Medicamentos biotecnológicos

El Decreto fortalece el marco regulatorio aplicable a medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables. Para los biotecnológicos innovadores, COFEPRIS solicitará la opinión del Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos, salvo que se cuente con autorización de una autoridad extranjera reconocida por la Secretaría y no se identifique riesgo alguno.

Para los biocomparables, el proceso de registro exige presentar estudios de biocomparabilidad, inmunogenicidad y reportes de eventos adversos, además de la documentación técnica estándar. COFEPRIS solicitará la opinión del Comité de Moléculas Nuevas, excepto cuando aplique el criterio de reconocimiento de autorización extranjera antes mencionado.

Prórrogas de registro sanitario

El Decreto establece que la primera prórroga del registro sanitario de medicamentos, equipos médicos, prótesis, órtesis, agentes de diagnóstico y demás insumos de uso médico, será otorgada por un periodo de diez años, simplificando los requisitos que deben presentarse para su tramitación. Para la segunda prórroga y posteriores, la solicitud deberá presentarse a más tardar 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del registro.

Disposiciones transitorias

Resumen ejecutivo

El Decreto publicado el 24 de abril de 2026 introduce reformas de gran relevancia para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en México. Las principales novedades son: (i) la creación de los certificados complementarios de patente para compensar retrasos en la tramitación del registro sanitario; (ii) la protección de datos de moléculas nuevas por cinco años; (iii) el fortalecimiento del proceso de evaluación biotecnológica; (iv) la simplificación de requisitos para prórrogas de registro; y (v) la nueva exigencia de consentimiento para el uso de datos de moléculas nuevas en solicitudes de genéricos.

Links de Referencia: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5785957&fecha=24/04/2026

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El pasado 27 de abril de 2026, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la Resolución que adiciona la Disposición 10ª Bis a las Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición (en lo sucesivo, la “Resolución”), emitida de manera conjunta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y el Banco de México (“Banxico”). La Resolución se inscribe en el marco de un acuerdo tripartito entre el Gobierno Federal, la Asociación de Bancos de México (“ABM”) y la Asociación de Sociedades de Vales (“ASEVAL”), coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), con el objetivo de reducir las comisiones aplicables a pagos con tarjeta de crédito, débito y vales en estaciones de servicio de combustibles.

I. Antecedentes

Ante la escalada de los precios internacionales de los energéticos derivada del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas para contener el impacto en el precio de los combustibles en el mercado interno. En este contexto, la Presidenta de la República anunció el 27 de abril de 2026 la firma de un acuerdo con la ABM y la ASEVAL para reducir las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Al respecto, el acuerdo se estructura en tres pilares simultáneos: (i) un descuento en las comisiones cobradas por el uso de tarjetas de crédito y débito emitidas por los bancos, mediante la eliminación de la cuota de intercambio, que representa aproximadamente el 80% del total de la comisión; (ii) un descuento de $1.10 (un peso con diez centavos) por transacción en las comisiones cobradas por la recepción de vales en el sector transportista y logístico; y (iii) la habilitación del marco regulatorio necesario por parte de la CNBV y Banxico para que las medidas operen a partir del 1 de mayo de 2026 sin trámites adicionales para los usuarios.

II. Contenido de la Resolución

La Resolución adiciona la Disposición 10ª Bis a las Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición. Su propósito es flexibilizar temporalmente el proceso de registro de las cuotas de intercambio para el giro comercial de gasolineras, con el objeto de reducir cargas operativas, agilizar la adopción de pagos digitales y asegurar una respuesta oportuna y coordinada, sin menoscabo de los principios de seguridad, transparencia y supervisión aplicables.

La CNBV señaló en la Resolución que el Gobierno Federal ha promovido la gestión y concertación de acuerdos con representantes del sector de empresas gasolineras, con el objetivo de proteger la economía de los consumidores. Asimismo, destacó que los participantes en el mercado de redes de pagos con tarjetas se han pronunciado interesados en impulsar la adopción de los pagos digitales en sectores clave de la economía, así como en mejorar las condiciones de los servicios de aceptación de estos medios de pago.

Cabe destacar que la Junta de Gobierno de Banxico, en el ámbito de su competencia, determinó exceptuar las presentes modificaciones del proceso de consulta pública previsto en la normatividad aplicable. Lo anterior, con el objetivo de que, de manera oportuna, se produzcan los efectos que se buscan alcanzar con la Resolución y se obtengan los mayores beneficios para los usuarios en el menor plazo posible.

La Resolución establece que, al registrar las cuotas de intercambio para pagos con tarjeta en el giro comercial de gasolineras, éstas tendrán una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha en que los solicitantes informen a Banxico su debida implementación.

III. Vigencia y entrada en vigor

La Resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia expirará el 31 de octubre de 2026. Una vez transcurrida esa fecha, la Disposición 10ª Bis quedará derogada automáticamente, por lo que se trata de una medida expresamente temporal.

El periodo de vigencia de las medidas (del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026) coincide con la vigencia del acuerdo firmado entre el Gobierno Federal, la ABM y la ASEVAL. Lo anterior significa que tanto el marco regulatorio como el acuerdo voluntario entre las partes operan de manera alineada y coordinada durante el mismo periodo.

IV. Marco normativo aplicable

La Resolución se fundamenta en las facultades que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (“LTOSF”) confiere al Banco de México para regular los aspectos relacionados con las comisiones y cuotas de intercambio en los servicios de pago, así como en las atribuciones de la CNBV en materia de supervisión del sistema financiero. Banxico, bajo el mandato de su Ley orgánica y de la LTOSF, regula diversos aspectos de los servicios provistos por las instituciones de crédito, las cámaras de compensación y los participantes de redes de medios de disposición.

V. Implicaciones prácticas para las entidades reguladas

La Resolución tiene implicaciones relevantes para diversos participantes del sistema de pagos. Para las instituciones de crédito emisoras de tarjetas, la eliminación temporal de la cuota de intercambio en el giro de gasolineras implica una reducción directa en los ingresos derivados de dichas operaciones durante el periodo de vigencia. No obstante, la ABM ha manifestado su respaldo a la medida como parte de una estrategia para fomentar la digitalización de los pagos en el sector de combustibles, lo que a mediano plazo podría incrementar el volumen transaccional y compensar parcialmente dicha reducción.

Para los adquirentes y procesadores de pagos que operan las redes de medios de disposición, la Resolución simplifica temporalmente el proceso de registro de cuotas de intercambio, lo que reduce las cargas operativas asociadas a la implementación de la medida. Asimismo, para las estaciones de servicio de combustibles, la eliminación de la cuota de intercambio se traduce en una reducción significativa del costo de aceptar pagos digitales, lo cual, conforme al acuerdo alcanzado, deberá reflejarse en el precio final de los combustibles para el consumidor.

Es relevante destacar que la medida se inscribe en un esfuerzo más amplio del Gobierno Federal para impulsar la eliminación del uso de efectivo en territorio nacional.

VI. Consideraciones finales

La Resolución representa un ejercicio atípico de regulación financiera en México, al tratarse de una modificación normativa de carácter temporal y sectorial, expresamente condicionada a un objetivo de política pública (la contención de precios de combustibles), que fue exceptuada del proceso ordinario de consulta pública. Si bien la medida busca generar beneficios inmediatos para los consumidores y promover la adopción de pagos digitales, será importante dar seguimiento a su implementación efectiva y a los resultados que arroje durante los seis meses de vigencia.

Asimismo, será relevante observar si, al término de la vigencia de la Disposición 10ª Bis el 31 de octubre de 2026, las autoridades financieras optan por extender la medida, incorporar modificaciones permanentes al régimen de cuotas de intercambio o regresar al esquema previo. La Presidenta de la República ha señalado que se busca hacer obligatorio el pago digital en gasolineras a partir de septiembre de 2026, lo que sugiere que la digitalización del sector de combustibles podría derivar en cambios regulatorios de mayor alcance.

Finalmente, las entidades reguladas, los participantes de redes de medios de disposición y las empresas del sector de combustibles deberán tomar nota de la Resolución y ajustar sus procesos operativos conforme a las nuevas disposiciones. La Resolución no requiere trámites adicionales por parte de los usuarios finales; no obstante, los participantes del ecosistema de pagos deberán informar a Banxico la debida implementación de las cuotas de intercambio registradas conforme a la Disposición 10ª Bis.

El 22 de abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral. El decreto había sido previamente aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada el 8 de abril de 2026, por lo que ahora pasará al Ejecutivo Federal para su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se espera que ocurra antes del 01 de mayo de 2026.

Entre las principales modificaciones contenidas en el decreto, destacan:

• La jornada laboral ordinaria será de 40 horas semanales distribuible de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras.
• La jornada ordinaria diaria se mantiene en 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta, yla semana laboral conserva una distribución de 6 días de trabajo por 1 de descanso con goce de salario íntegro.
• Implementación gradual, reduciendo la jornada a partir del 1 de enero de 2027, hasta concretar las 40 horas en 2030 e incremento del límite de tiempo extraordinario también de forma gradual:

• El tiempo extraordinario no excederá de 12 horas a la semana, distribuible en hasta 4 horas diarias, en un máximo de 4 días. Dicho tiempo extraordinario se pagará con un 100% más del salario ordinario (horas dobles), y si se excede dicho límite sólo se podrán laboral 4 horas adicionales (horas triples), las cuales se pagarán con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.
• La suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria, en ningún caso podrá ser mayor a 12 horas diarias.
• La reducción de jornada no implicará la disminución de sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras.
• A partir del 01 de enero de 2027, obligación para los empleadores de registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera. El contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación y excepción a dicha obligación que entrarán en vigor en la misma fecha.
• Se establece una multa de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la persona empleadora que incumpla con la obligación de registro electrónico de jornada.

El periodo comprendido entre la publicación oficial al 31 de diciembre de 2026 será considerado un periodo de transición para que las personas trabajadoras y empleadoras ajusten los procesos de trabajo a los términos del decreto.

Esta reforma implicará para los empleadores un rediseño de la organización de la fuerza laboral, con el consecuente análisis de los turnos actuales, la planificación a futuro de las asignaciones de personal, el control de horas extra y la implementación de los sistemas de registro electrónico de jornada. Será necesario ajustar el Reglamento Interior de Trabajo, los contratos laborales y las políticas internas en consecuencia, e implementar procesos que permitan mantener, e idealmente mejorar, la productividad.

Una vez que ocurra la publicación del decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación, será importante dar seguimiento a las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de registro electrónico de jornada.

En S+S estamos a su disposición para comentar las implicaciones de esta reforma en su operación, diseño de jornadas, cumplimiento y actualización de políticas internas. 

El pasado 9 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (en lo sucesivo, la “Ley”).

I. Objetivo.

La Ley tiene por objeto regular los mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública que contribuyan al desarrollo nacional a través de la participación del sector público, privado y social (los “Proyectos”). De igual manera, la Ley busca proporcionar certeza jurídica, transparencia y seguridad en dichos esquemas de inversión, fortaleciendo la Soberanía Nacional.

Los Proyectos buscan detonar el crecimiento económico, reducir las brechas de desigualdad social, promover el acceso a servicios públicos básicos, favorecer el desarrollo regional y cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, enfocándose en los sectores de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energía, salud, educación, desarrollo urbano, turismo, industria, tecnología y cualquier otro conforme al Plan Nacional de Desarrollo.

II. Consejo.

Para cumplir con los objetivos de la Ley, la misma prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica (el “Consejo”) que regirá sobre la planeación y supervisión de las inversiones en los Proyectos, así como la creación de distintos comités tales como el Comité de Análisis de Riesgos y el Comité Técnico. El Consejo será un órgano consultivo, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios, que aprobará la participación del sector público en cualquier Proyecto antes de que éste se lleve a cabo.

El Comité estará presidido por el Ejecutivo Federal y estará integrado por los titulares de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como los titulares de la Secretarías de: (i) Hacienda y Crédito Público (“SHCP”); (ii) Medio Ambiente y Recursos Naturales; (iii) Defensa Nacional; (iv) Marina; (v) Energía; (vi) Economía; (vii) Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; (viii) Anticorrupción y Buen Gobierno; y (ix) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El Consejo tendrá invitados permanentes, quienes tendrán voz, pero no voto, en las sesiones de este. Dichos invitados permanentes serán los titulares de la Comisión Nacional del Agua, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y los titulares de las Secretarías de Bienestar, Turismo y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El Consejo tiene las facultades de definir las prioridades de inversión en Proyectos y aprobar una estrategia nacional de inversiones acorde, definir las estructuras de participación de los sectores público, privado y social, analizar los Proyectos y determinar su viabilidad financiera, económica y social, pudiendo emitir recomendaciones al respecto, solicitar informes sobre los Proyectos y las inversiones realizadas en ellos, conformar los comités técnicos necesarios para cada Proyecto y revocar la viabilidad y procedencia de Proyectos.

III. Estructuras.

La Ley plantea diversas estructuras jurídicas para llevar a cabo los proyectos de infraestructura. Dichas estructuras incluyen:

• Vehículos de Propósito Específico (“VPE”): sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura que permita la coordinación entre los sectores público, privado y social y que su sola constitución no implique obligaciones a cargo del Gobierno Federal. Los VPE tienen por objeto exclusivamente invertir o financiar los Proyectos.

• Esquemas de Participación Mixta (“EPM”): mecanismos a través de los cuales el Gobierno (a través de Entidades, Dependencias, fideicomisos, empresas públicas del Estado, empresas de participación estatal mayoritaria, VPE o cualquier otra figura) participa directa o indirectamente con el sector privado y/o social para financiar, diseñar, desarrollar, operar, mantener y explotar los Proyectos, en los cuales se compartan riesgos, costos, inversiones, beneficios o retribuciones. Los EPM se clasifican, a su vez, en los siguientes tipos:

1. Contratación de largo plazo: los sectores privado y/o social participan en financiar, construir, operar y mantener los Proyectos durante un cierto plazo, a cambio de una contraprestación según estándares de calidad o desempeño predeterminados.
   1. Inversión mixta: los sectores público, privado y/o social participan en financiar, construir, operar y mantener los Proyectos, compartiendo costos, riesgos, inversiones y beneficios según el interés de participación correspondiente.
   1. Esquemas de sectores específicos; y
   1. Cualquier otro EPM determinado en el reglamento de la Ley o en los lineamientos que emita la SHCP.

La participación del sector público en los EPM podrá ser mediante aportaciones líquidas o en especie, derechos de uso, aprovechamiento o explotación, concesiones, autorizaciones o permisos, bienes muebles o inmuebles, derechos intangibles y cualquier otra modalidad permitida por la legislación aplicable.

IV. Procedimiento.

Los Proyectos deberán seguir un procedimiento para poder ser establecidos y llevarse a cabo. Primero, la propuesta de Proyecto deberá ser sometida a consideración del Consejo. Para ello, deberán estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo y contar con los estudios y valuaciones que demuestren su viabilidad financiera, técnica, jurídica y

económica correspondientes, así como la demás información que se incluya en el reglamento de la Ley y los lineamientos que emita la SHCP.

Previo análisis y deliberación del Consejo, quien puede solicitar información adicional sobre la propuesta del Proyecto, éste podrá determinar que la propuesta de Proyecto se apruebe y qué vehículo de inversión se implementará para tal Proyecto. Para ello, previa investigación de mercado, se convocará a una licitación que deberá ser transparente, objetiva e imparcial.

Teniendo el fallo de la licitación para un Proyecto, se formalizará un contrato de inversión estratégica en los plazos, términos y condiciones que fueron señaladas en las bases de la licitación, con personas morales o fideicomisos cuyos fines incluyan la realización del Proyecto en cuestión (los “Contratos”). Los Contratos deben durar más de cuatro años y menos de cuarenta, incluyendo prórrogas. Adicional a un Contrato, un Proyecto de infraestructura pública de largo plazo podrá ser instrumentado mediante concesiones, asignaciones o permisos otorgados por el Gobierno Federal a un VPE.

V. Beneficios.

Para la implementación de los Proyectos, el Consejo podrá asignar los siguientes apoyos a un Proyecto aprobado, en aras de garantizar la participación del sector público, privado y social:

• Que los Proyectos tengan acceso a VPE que permitan optimizar su estructura financiera, obtengan la liquidez necesaria, consigan las mejores condiciones financieras o económicas o permitan la aportación de recursos;
• Que los Proyectos cuenten con el otorgamiento de garantías por parte del Gobierno Federal, de la Banca de Desarrollo o multilateral;
• Que el Gobierno Federal otorgue estímulos fiscales;
• Que se celebren convenios de colaboración con Entidades Federativas y Municipios para que éstos también puedan participar en los Proyectos; y
• Que en los Contratos se realicen pagos por diferimiento, siempre que no sean mayores a la tasa establecida para las prórrogas de créditos fiscales.

VI. Controversias.

La Ley establece que en caso de controversias derivadas de VPE o de los Contratos, se conceda prioridad a la negociación de mutuo acuerdo y buena fe, los mecanismos alternativos de soluciones de controversias en términos de la legislación aplicable y, en caso de así haberse pactado en el Contrato correspondiente o en un convenio independiente, a arbitraje. La ley aplicable del arbitraje serán las leyes federales mexicanas, el idioma será español y el laudo será obligatorio y firme para ambas partes.

Para controversias de naturaleza técnica o económica, las partes podrán someter dicha controversia a un comité integrado por tres expertos en la materia de la que se trate, designados uno por cada parte y el tercero por acuerdo de estos últimos.

La revocación de autorización de un Proyecto y los actos de autoridad no podrán ser materia de arbitraje y la solución de controversias relacionadas con la validez legal de un acto administrativo sólo podrá dirimirse ante tribunales federales.

VII. Transitorios.

La Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de dicha fecha, el Ejecutivo Federal y la SHCP cuentan con 180 (ciento ochenta) días naturales para promulgar el reglamento de la Ley y los lineamientos correspondientes, respectivamente.

El Consejo deberá quedar instalado en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales de que la Ley entró en vigor y, en su primera sesión, deberán aprobar las reglas de operación para su funcionamiento.

Para aquellos proyectos de inversión iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley durante el ejercicio fiscal 2026, éstos podrán ser presentados al Consejo, quien determinará su acceso a recursos provenientes de VPE y de los apoyos y beneficios mencionados en la Ley, o podrán migrar a EPM, previo acuerdo de las partes y aprobación del Consejo.