Ante la acelerada transformación digital que caracteriza a la sociedad contemporánea, la inteligencia artificial (“IA”) se ha convertido en un recurso cotidiano con impacto en la educación, el trabajo y la vida personal, al facilitar el manejo de grandes volúmenes de información y optimizar tareas complejas.

Por esta razón, numerosos países e instituciones internacionales han emitido marcos normativos, directrices éticas y lineamientos generales que buscan definir los alcances, límites y requisitos mínimos para un uso responsable y transparente de esta tecnología.

A manera de ejemplo, en junio de 2024 el Parlamento Europeo aprobó el “Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial” (Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence). Su finalidad es garantizar que el desarrollo y uso de la IA en la Unión Europea se realice de manera segura, ética y en respeto a los derechos fundamentales. Para ello, el reglamento clasifica distintos usos de la IA en función del riesgo que representan y exige condiciones de transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas para impulsar la innovación tecnológica con responsabilidad.

En dicho Reglamento se califica como alto riesgo cualquier sistema de IA destinado a asistir a los juzgadores en la investigación de hechos, la interpretación del derecho o la resolución de casos concretos, al advertir que estos pueden impactar en la democracia, el Estado de derecho y la tutela judicial efectiva. Por ello, exige que tales herramientas operen únicamente como auxiliares y bajo estricta supervisión humana, dejando claro que la decisión jurisdiccional final debe seguir siendo una función exclusivamente humana para garantizar imparcialidad, transparencia y protección de los derechos fundamentales.

Ante el crecimiento acelerado del uso de la IA, en nuestro país resulta necesario se analice cuidadosamente esta situación y se adopte una regulación específica que delimite su alcance, usos y límites en consonancia con los derechos fundamentales de los gobernados; no obstante, hasta la fecha no se ha expedido ninguna ley que regule de manera integral su utilización.

No obstante lo anterior, en el ámbito de impartición de justicia, el 22 de agosto de 2025 se publicaron dos criterios judiciales emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (“Tribunal Colegiado”), de títulos:

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU USO ÉTICO Y RESPONSABLE CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS.
• INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA CALCULAR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS QUE SE FIJEN EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

A manera de contexto, en un proceso judicial seguido ante el Tribunal Colegiado, dicha autoridad resolvió modificar un monto fijado por concepto de garantía para la inscripción de una demanda de amparo en una oficina registral.

En la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, se abordó el tema del uso de la inteligencia artificial para que, en auxilio de los juzgadores, se logrará abordar y determinar correctamente el monto de la garantía referida, con base en datos aritméticos y matemáticos.

En ese sentido, dicho órgano colegiado analizó minuciosamente el uso de dicha herramienta en calidad auxiliar para su función jurisdiccional, concluyendo que en virtud del avance de las nuevas tecnologías y las tendencias de justicia digital, la IA se constituye como un mecanismo innovador de carácter no obligatorio, para automatizar tareas administrativas y facilitar el razonamiento numérico dentro de las funciones jurisdiccionales.

Así las cosas, tratándose de procesos jurisdiccionales, el uso ético y responsable de la IA con perspectiva de derechos humanos obliga a las personas juzgadoras a observar determinados principios de proporcionalidad; protección a la intimidad y datos personales; transparencia; explicabilidad; y, supervisión y decisión humanas.

Estos lineamientos y estándares éticos permiten el uso de la IA única y exclusivamente para fungir como una herramienta auxiliar en la labor jurisdiccional, sin que haya lugar a la sustitución de un estudio humano minucioso y detallado de cada caso concreto, previo a la emisión de cualquier resolución judicial. Adicionalmente, es dable considerar que para garantizar un debido uso de dicha herramienta tecnológica, los juzgadores deben explicar detalladamente cuál va a ser el uso auxiliar que dicha herramienta tendría lugar en el proceso judicial concreto, sistematizando tareas y el manejo de los grandes volúmenes de información.

De este modo, los criterios judiciales recientes dan pie a que se vaya introduciendo el uso de la herramienta digital de IA, limitando su aplicación exclusivamente como un apoyo a tareas complejas y técnicas, sin sustituir en ningún momento la capacidad y obligación humana de impartición de justicia, respetando así, los principios de debida fundamentación y motivación que debe de contener toda resolución judicial.

En conclusión, los recientes criterios judiciales marcan un precedente para la incorporación de la IA en la función jurisdiccional, dejando claro que su papel debe ser meramente auxiliar y nunca sustitutivo. Sin embargo, ante la acelerada transformación tecnológica, resulta indispensable que los legisladores mexicanos expidan una regulación integral que establezca parámetros claros y lineamientos éticos para su uso, garantizando la protección de los derechos fundamentales y la transparencia en los procesos. Estas tesis, por tanto, constituyen un primer acercamiento para el desarrollo de un marco normativo que permita aprovechar las ventajas de la IA en la impartición de justicia, sin comprometer la imparcialidad ni la función humana en la toma de decisiones.

• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), mediante el Acuerdo General 5/2025 del 1 de julio de 2025, decidió aplazar la emisión de resoluciones relativas a contradicciones de criterios y recursos contencioso-administrativos que involucran el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación (“CFF”) y el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (“LFPCA”).

• El objetivo es garantizar una interpretación uniforme y procedimentalmente clara entre los tribunales colegiados y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (“TFJA”).

El Acuerdo General 5/2025[1] establece una pausa en la resolución de asuntos particularmente sensibles en materia contencioso-administrativa. La medida aplica a contradicciones de criterios que se encuentran en los Plenos Regionales, amparos directos y recursos de revisión contra sentencias del TFJA, cuando el tema central sea la forma en que la autoridad resuelve un recurso de revocación presentado por una persona que desconoce uno o varios de los actos impugnados, ya sean definitivos o emitidos durante el procedimiento.

En estos casos, el debate gira en torno a si el contribuyente puede ampliar su impugnación conforme al artículo 117 del CFF, y si es posible presentar esos actos como prueba en el juicio de nulidad bajo lo previsto en el artículo 16, fracción II, de la LFPCA.

La relevancia de este acuerdo radica en que, al suspender temporalmente la resolución de estos casos, la Corte evita que se generen criterios contradictorios que puedan generar inseguridad jurídica. Este tiempo adicional permite al máximo tribunal analizar el problema de fondo con mayor detalle y emitir, en su momento, una resolución definitiva que aporte certeza y homogeneidad en la interpretación de la ley. Dado que se trata de un tema estrechamente vinculado con el derecho de defensa de los contribuyentes, esta cautela refleja un compromiso por emitir un criterio sólido, técnicamente sustentado y de alcance general.

En la práctica, la decisión tiene implicaciones importantes. Para las autoridades y los tribunales, es una señal de prudencia: se evita emitir resoluciones que después podrían ser invalidadas o modificadas, mientras no exista una directriz clara de la SCJN. Para los contribuyentes, representa la posibilidad de que se reconozca de forma plena su derecho a defenderse, incluyendo la ampliación de alegatos y pruebas cuando aparezcan actos no conocidos previamente. Para los despachos y áreas jurídicas, esta pausa obliga a revisar estrategias, preparar argumentos sólidos y anticipar cómo un eventual criterio jurisprudencial podría cambiar la manera en que se construyen y acreditan los casos.

Nuestra recomendación es que este periodo de espera se utilice de forma proactiva. Es el momento de reforzar expedientes, identificar y documentar adecuadamente actos intraprocesales, y construir una argumentación que respalde la amplitud de defensa que contempla el artículo 117 del CFF. También es clave dar seguimiento cercano a las contradicciones de criterios en curso, ya que su resolución marcará el estándar que adoptarán los tribunales en adelante. La coordinación interna entre las áreas jurídicas y contables será determinante para anticipar y adaptarse al nuevo marco interpretativo que surja.

En un sentido más amplio, el Acuerdo General 5/2025 confirma una tendencia de la Suprema Corte hacia la emisión de criterios más claros y completos, que consideren todo el contexto del proceso contencioso-administrativo. Esto exige a los litigantes mayor preparación y atención al detalle procesal, pues la futura jurisprudencia no solo resolverá un caso puntual, sino que impactará transversalmente en la estrategia de defensa de futuros asuntos. Por ello, la pausa que hoy ordena la Corte no debe verse como un simple retraso, sino como una oportunidad estratégica para adelantarse al criterio que definirá el rumbo del litigio administrativo en los próximos años.

[1] Acuerdo General 5/2025, DE PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO, DEL PLANO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LAS CONTRADICCIONES DE CRITERIOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES ASÍ COMO EN LOS AMPAROS DIRECTOS Y EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA SENTENCIA EMITIDAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, RADICADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SE ABORDE EL TEMA RELATIVO AL ANÁLISIS DE LA FORMA EN QUE DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD QUE RESUELVE UN RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO EL RECURRENTE MANIFIESTA DESCONOCER EL (LOS) ACTOS (S) RECURRIDOS (S) SEAN ESTOS DEFINITIVOS O INTRAPROCESALES, ES DECIR SI DEBEN DAR A CONOCER TODOS LOS ACTOS QUE SE NIEGAN CONOCER O SÓLO LOS DEFINITIVOS, CONFORME AL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EL PARTICULAR AMPLÍE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y SI RESULTA FACTIBLE EXHIBIRLO EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN EL QUE SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN DEL REFERIDO RECURSO DE REVOCACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), en Amparo en Revisión 298/2024, resolvió que es admisible presentar un recurso de revisión en amparo indirecto aun después de que la sentencia haya causado ejecutoria, siempre que la parte solicitante demuestre que no fue quien tramitó el juicio constitucional.
• Esta decisión refuerza el derecho de toda persona a acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva, incluso cuando existan errores procesales atribuibles a terceros.

En un fallo de gran impacto, la Primera Sala de la SCJN reconoció que, si una persona no promovió o firmó el escrito de demanda de amparo indirecto, aun cuando la sentencia ya haya causado ejecutoria, puede interponer un recurso de revisión. Esta interpretación repara fallas que resultan de confusiones o negligencias ajenas, y reafirma la importancia de proteger la seguridad y certeza jurídica del justiciable mediante una intervención judicial oportuna. La relevancia de esta resolución radica en su énfasis en el principio de tutela judicial efectiva.

Permite subsanar errores formales que podrían dejar desprotegida a una persona por lapsos procesales, evitando que cuestiones meramente procedimentales —como la firma equivocada o la omisión de promoción— impidan el ejercicio legítimo de los derechos. No obstante, es importante que los juzgadores apliquen este criterio con cautela, para evitar que la figura se convierta en un recurso utilizado de manera indebida con fines meramente dilatorios. Un uso excesivo o estratégico de esta posibilidad podría dar pie a abusos procesales destinados a prolongar artificialmente la resolución de los asuntos y obstaculizar la pronta impartición de justicia.

En la práctica, esta resolución obliga a que despachos, autoridades y tribunales revisen con mayor rigor los procesos iniciales de demanda de amparo. Para autoridades, significa cuidar que no se impida un juicio justo por errores de tramitación genuinos, al mismo tiempo que se previene su uso estratégico para dilatar procedimientos. Para justiciables, ofrece una segunda oportunidad ante situaciones en que no fueron responsables del error. Para las áreas jurídicas, implica fortalecer procedimientos internos, verificar quién firma o promueve los juicios, y considerar la presentación de recursos extraordinarios solo en casos en que realmente existan fallas procesales ajenas al recurrente.

Nuestra recomendación es revisar los mecanismos internos de instrucción de amparos para identificar y corregir posibles errores de representación o firma. Además, es clave comunicar al equipo jurídico este criterio para que, en casos viables, se prepare un recurso de revisión aun después de que la sentencia haya causado ejecutoria, cuidando siempre que su uso sea legítimo y no con fines dilatorios. Asimismo, mantenerse atento a posibles criterios complementarios que precise la Primera Sala reforzará la adaptación oportuna a esta nueva vía procesal.

En resumen, esta decisión de la SCJN constituye un avance significativo para fortificar la protección del justiciable frente a errores procedimentales. Sin embargo, su potencial para ampliar el acceso a la justicia debe equilibrarse con medidas que impidan abusos procesales que puedan poner en riesgo la eficacia y celeridad del sistema judicial.