Resumen Ejecutivo:

• La práctica arbitral internacional está evolucionando hacia procedimientos más seguros digitalmente, sostenibles, con baja huella de carbono y respaldados por inteligencia artificial (IA). México, como sede relevante de arbitrajes comerciales y de inversión, enfrenta la oportunidad y el reto de adoptar este modelo para mantener su competitividad y fortalecer la ejecutabilidad de los laudos.

¿Qué implica el arbitraje sustentable?

Un arbitraje sustentable integra prácticas de ciberseguridad procesal, lineamientos claros sobre el uso de IA por partes y árbitros, y políticas de sostenibilidad (“green arbitration”) que priorizan comunicaciones electrónicas y audiencias híbridas. En la práctica, esto se traduce en el uso de expedientes electrónicos con control de acceso, protocolos de intercambio seguro de evidencia, disclosure y registro del uso de IA generativa, gestión de datos personales conforme a estándares internacionales y criterios de sostenibilidad que minimizan desplazamientos innecesarios.

El resultado es un proceso más predecible, eficiente en costos y tiempos, con menor exposición a incidentes de seguridad y una huella ambiental reducida, sin sacrificar el debido proceso.

Tendencias internacionales y experiencias comparadas

Jurisdicciones líderes como Reino Unido, Singapur, Hong Kong, Suecia, Suiza y Estados Unidos han implementado reglas y protocolos que refuerzan la ciberseguridad, la protección de datos y la sostenibilidad en el arbitraje. Estas medidas han demostrado beneficios concretos: reducción de tiempos logísticos, menores costos asociados a traslados y evidencias físicas, disminución del riesgo de filtraciones o alteraciones de documentos, y una mejor experiencia de usuario en procedimientos multijurisdiccionales. En América Latina, centros en Brasil y Chile han integrado lineamientos para audiencias virtuales, ciberseguridad y sostenibilidad en su administración cotidiana.

Razones para la adopción del estándar “verde” en México

1. Gestión de riesgos y cumplimiento: La mayoría de los arbitrajes con partes mexicanas involucran información sensible. De hecho, muchas veces se elige acudir al arbitraje simplemente por temas de seguridad y confidencialidad. Contar con protocolos robustos de ciberseguridad y manejo de datos alineados con estándares internacionales mitigan riesgos de ejecutabilidad y responsabilidad para todos los involucrados (árbitros, abogados y partes).
2. Eficiencia económica: Políticas paperless, expedientes electrónicos y audiencias híbridas reducen costos operativos y tiempos, sin afectar la eficacia probatoria.
3. Competitividad internacional: La adopción del estándar “verde o sustentable” posicionaría a México como sede moderna y confiable, alineada con expectativas de empresas multinacionales, financiadores y aseguradoras. Ello, no obstante los retos planteados por la llamada “reforma judicial”.
4. Anticipación regulatoria y tecnológica: El uso responsable de IA, con disclosure y controles de calidad, previene controversias sobre integridad del expediente y dota a los tribunales de herramientas para valorar objeciones y remedios.

Implementación práctica en México

Para lograr su implementación, México (y sus distintas cámaras y centros de arbitraje) tendrían que adoptar una estrategia en tres niveles, que impliquen: (i) la elaboración de pautas mínimas sobre ciberseguridad, protección de datos, sostenibilidad y uso responsable de IA; (ii) modificación de cláusulas modelo (o desarrollo de una específica para los arbitrajes verdes); y (iii) adopción gradual y seguimiento de resultados por parte de cámaras, árbitros y abogados practicantes.

Claramente, este es un trabajo de todos los jugadores del ámbito del arbitraje nacional e internacional.

Beneficios para las partes

La adopción del estándar “verde” ofrecería procesos más predecibles (por lo menos en cuanto a sus costos), menos expuestos a contingencias tecnológicas o logísticas, y compatibles con sistemas de cumplimiento corporativo. Los arbitrajes administrados bajo estos protocolos generarían menos objeciones y dilaciones, procesos de discovery más sencillos y menos costosos para las partes, además de dotar a los paneles arbitrales con mejores herramientas para preservar la integridad del expediente y justificar decisiones procesales. A nivel reputacional, estas prácticas se alinean con compromisos ESG exigidos en cadenas de suministro y financiamiento a múltiples empresas e industrias que, incluso, utilizan al arbitraje como el preferido –si no es que el único-medio alterno para resolver controversias.

En conclusión, la transición hacia arbitrajes “verdes” representa una evolución necesaria para el ecosistema de resolución de controversias en México, con beneficios tangibles en eficiencia, seguridad y sostenibilidad. La adopción de pautas claras y medibles permitirá a México consolidarse como un referente regional en arbitraje internacional.

El 16 de octubre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo; lo anterior, con motivo de la iniciativa presentada por la Presidenta Sheinbaum ante el Congreso de la Unión.

Dentro de las reformas más relevantes se encuentra la adición de requisitos para obtener la suspensión cuyo cumplimiento, en buena medida, dependerá de la discrecionalidad del Juez, y la inclusión de un artículo transitorio que permite que juicios que ya se encuentran en trámite sean sujetos a estos requisitos.

Anteriormente, para el otorgamiento de la suspensión, la Ley de Amparo sólo imponía dos requisitos. El primero, que fuera solicitado y, el segundo, que al concederla no se causaran perjuicios al interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público.

Tales requisitos fueron inclusive matizados mediante jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se determinó qué se entiende por interés social y por orden público, además de incorporar como herramienta de interpretación para los jueces el término de “apariencia del buen derecho” entendido como que la persona que promueve el juicio demuestre al Juez, sólo con un estudio preliminar de la demanda, que su reclamo no es abiertamente infundado; es decir, que existe cierto grado de probabilidad de que tal persona tenga razón.

Ahora, con las reformas, los términos de esas jurisprudencias que, se insiste, previamente se utilizaban por los Jueces sólo como referencia y base para su estudio, se incorporan al texto de la Ley y, en consecuencia, ahora el proceso de análisis de los Jueces debe constar en las resoluciones de forma expresa, justificando las causas, razones y motivos por las cuales se demostró la “apariencia del buen derecho” y explicando la ponderación entre esa “apariencia del buen derecho” y las posibles afectaciones al interés social.

La intención de lo anterior es que para conceder la suspensión el Juez verifique y plasme en sus resoluciones si concurren los siguientes requisitos:

• Que el acto combatido existe y que se tiene certeza de su inminente realización o, al menos, que se cuenta con una presunción razonable de su existencia.

• Que existe un principio de agravio; esto es, que el Juez por lo menos infiera que la ejecución del acto reclamado afectará a la persona que promovió el juicio.

• Que no se causa un daño significativo a la colectividad, ni se priva a la sociedad de beneficios que le corresponden.

• Finalmente, que del análisis preliminar de la demanda, se acredite la “apariencia del buen derecho”.

Con base en estos nuevos requisitos, es tarea del particular demostrar muchas más situaciones, hechos y circunstancias jurídicas, pues éstos otorgan a los jueces mayor subjetividad. Para ejemplificar, ante una clausura, un Juez podría considerar que la simple solicitud del permiso correspondiente es suficiente para que la suspensión no causa un daño significativo a la colectividad, pues es la autoridad la que no ha emitido la respuesta a esa solicitud; pero otro Juez podría considerar que la presentación de ésta sólo genera una expectativa de derecho y, por lo tanto, que no es suficiente.

Para evitar ese margen de subjetividad, se debe incrementar el estándar bajo el cual se solicita la suspensión, argumentando todas y cada una de las razones por las cuales, en el caso del ejemplo, la solicitud de dicho permiso acredita los cuatro requisitos solicitados por la Ley de Amparo con posterioridad a la reforma.

Todo lo anterior, en principio, aplicaría para juicios de amparo que sean presentados después del 17 de octubre de 2025, fecha en que las reformas entraron en vigor. Sin embargo, el Tercer Artículo Transitorio del Decreto permite que las reformas sean aplicadas a juicios iniciados de forma previa a tal fecha, señalando que la Ley de Amparo es una ley procesal y que de acuerdo con la doctrina y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ésta no puede generar derechos adquiridos a cuestiones futuras.

De esta forma, en todos los juicios de amparo que se presenten con posterioridad a esa fecha se tendrán que aplicar los nuevos términos de la Ley de Amparo, por lo que ante el temor fundado de que la suspensión ahora podría ser negada al exigirse más requisitos que antes, en la propia demanda se podría incluir un concepto de impugnación específico para combatir los nuevos artículos que regulan a la suspensión, buscando que al momento de resolver la suspensión de los efectos de los actos reclamados, se aplique la Ley de Amparo anterior; lo que únicamente sucedería si el Juez concede la suspensión respecto a la aplicación de los propios artículos de la Ley de Amparo.

Desde luego, podría ser complicado que un Juez suspenda los efectos de la nueva Ley de Amparo para resolver la suspensión respecto del acto que se está combatiendo conforme a la Ley anterior; sin embargo, es una posibilidad que se puede explorar ante lo complicado que ahora será obtener dicha medida cautelar.

Resumen Ejecutivo:

• La etapa de quiebra en un concurso mercantil puede representar una oportunidad real para adquirir activos estratégicos —como maquinaria, inmuebles o derechos— bajo un proceso judicial supervisado.

• Para inversionistas y empresas, la quiebra puede convertirse en una oportunidad estratégica para expandirse o fortalecer su cadena de valor mediante la adquisición de activos clave.

Un concurso mercantil es un procedimiento judicial cuyo propósito principal, durante la etapa de conciliación, es rehabilitar a una empresa que enfrenta problemas financieros de liquidez o insolvencia.

Durante este proceso, la ley otorga ciertas protecciones para que la empresa pueda seguir operando y negociar con sus acreedores el pago o reestructura de sus deudas, con el apoyo de un especialista denominado Conciliador, designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

No obstante, cuando no es posible alcanzar un acuerdo con los acreedores, o bien la empresa misma solicita su quiebra (liquidación) directa, el procedimiento entra a una nueva fase: la etapa de quiebra.

En esta fase, el Juez Concursal declara formalmente la quiebra y ordena que la administración y posesión de los bienes de la empresa pasen a un especialista denominado Síndico. Este profesional tiene la responsabilidad de preservar y maximizar el valor de los activos, así como de enajenarlos (venderlos) para destinar los recursos obtenidos al pago de los créditos reconocidos, conforme a la prelación establecida por la Ley de Concursos Mercantiles.

¿Una oportunidad de adquisición?

La etapa de quiebra no solo implica el cierre de operaciones para la empresa fallida, sino que también puede representar una oportunidad para terceros.

Empresas activas o inversionistas pueden participar en la adquisición de activos (como maquinaria, inmuebles, inventarios, marcas o derechos contractuales) bajo un marco jurídico que brinda certeza y transparencia, ya que la venta de estos activos se realiza bajo la supervisión judicial del Juez Concursal y del Síndico.

En muchos casos, estos procesos permiten adquirir activos estratégicos a valores atractivos, mientras que, para el Síndico y los acreedores, estas operaciones representan una vía eficiente para maximizar la recuperación de recursos y así pagar los créditos que hayan sido reconocidos a cargo de la empresa en quiebra.

Sin embargo, es importante tener presente que la adquisición de activos en un procedimiento concursal requiere un análisis cuidadoso, tanto jurídico como financiero.

Para ello, deberá realizarse una debida diligencia (due diligence) de los activos, en la cual se analicen los aspectos legales, registrales y financieros que puedan incidir en la adquisición.

Entre los puntos más relevantes se encuentran:

• Verificar que la venta haya sido autorizada judicialmente, ya sea mediante subasta u otro tipo de enajenación, y que cumpla con las formalidades previstas en la Ley de Concursos Mercantiles.
• Revisar la situación registral y los gravámenes que pudieran afectar los bienes a adquirir.
• Evaluar posibles riesgos de reclamaciones de terceros.
• Definir una estrategia de negociación con el Síndico y, en su caso, con los acreedores relevantes.

La compra de activos provenientes de una empresa en quiebra puede representar una oportunidad legítima y rentable, siempre que se lleve a cabo con un análisis previo adecuado. La experiencia de especialistas en materia concursal y transaccional permite identificar oportunidades, mitigar riesgos y asegurar la validez de la operación dentro del marco judicial correspondiente.