La consolidación de una empresa es un proceso que implica años de esfuerzo: inversión, construcción de relaciones comerciales, desarrollo de clientes y posicionamiento en el mercado. Gran parte de ese proceso se refleja en un elemento intangible: la reputación comercial. Sin embargo, ésta puede verse afectada por la conducta de terceros a través de declaraciones públicas, conflictos comerciales que trascienden al mercado o información negativa difundida sin sustento. Ante estos escenarios surge una pregunta relevante: ¿existe en México un mecanismo legal para proteger la reputación de una empresa?

La respuesta es afirmativa. El derecho mexicano reconoce que las empresas también pueden sufrir afectaciones en su reputación frente a terceros y exigir su reparación. Esta protección se encuentra regulada a través de la figura del daño moral.

El Código Civil Federal establece que existe daño moral cuando una persona sufre una afectación en bienes de carácter extrapatrimonial, por ejemplo: el honor, la reputación o la consideración que los demás tienen respecto de ella. Cuando alguno de estos bienes resulta afectado mediante la comisión de un hecho ilícito, surge la obligación de repararlo mediante una indemnización económica[1].

En la práctica, esta definición legal generó dudas sobre si la figura estaba prevista únicamente para personas físicas, al referirse a afectaciones en sentimientos, afectos o creencias. Durante años, la discusión se centró en determinar si una sociedad mercantil podía invocar esta acción, pues algunas interpretaciones sostenían que una empresa no podía sufrir daño moral, al carecer de emociones o vida privada[2].

Sin embargo, los tribunales mexicanos resolvieron que el daño moral sobre personas morales radica esencialmente en la afectación a la reputación y a la consideración social del sujeto afectado. Por ello, el daño moral causado a empresas no se relaciona con aspectos emocionales, sino con la percepción que terceros tienen de la compañía en el mercado.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las personas morales están legitimadas para reclamar la reparación del daño moral cuando se afecte la consideración que los demás tienen de ellas. En otras palabras, aunque una empresa no goza de sentimientos, tiene una reputación comercial en el mercado, y ello constituye un bien jurídicamente protegido[3].

En la práctica, determinadas conductas de terceros pueden influir en la percepción que el entorno comercial tiene sobre una empresa y en la confianza que genera en el mercado. Cuando esa percepción se altera de manera indebida, la afectación puede trascender el plano económico y afectar la imagen y credibilidad de la compañía.

No obstante, a diferencia del daño moral sobre personas físicas que permite presumir en mayor medida la existencia de la afectación a un bien de carácter extrapatrimonial, tratándose de empresas la carga probatoria suele ser mayor. No es suficiente afirmar que la reputación fue afectada; resulta necesario acreditar con elementos objetivos que terceros modificaron su comportamiento frente a la compañía como consecuencia del hecho ilícito. Ello implica compilar evidencia suficiente que permita demostrar el impacto en la percepción de la compañía.

En conclusión, la reputación comercial también constituye un bien jurídicamente protegido. El ordenamiento mexicano permite a las empresas acudir a los tribunales cuando la conducta de un tercero afecta indebidamente la consideración que el mercado tiene respecto de ellas y reclamar la reparación correspondiente.

No obstante, este tipo de acciones exige un caudal probatorio mayor para acreditar la afectación cometida en su perjuicio. Por ello, ante situaciones que puedan incidir en la percepción del mercado sobre la compañía, es recomendable documentar oportunamente los hechos, conservar comunicaciones relevantes y analizar tempranamente las alternativas legales disponibles.

[1] “Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código…”

[2] Al respecto, véase la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro reza: “DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES NO PUEDEN SUFRIR AFECTACIÓN A LOS VALORES CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 1916 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR SER INTRÍNSECOS DEL SER HUMANO”.

[3] Al respecto, véase la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro reza: “DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES ESTÁN LEGITIMADAS PARA DEMANDAR SU REPARACIÓN EN CASO QUE SE AFECTE LA CONSIDERACIÓN QUE TIENEN LOS DEMÁS RESPECTO DE ELLAS (ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)”.

En la práctica empresarial es común que las relaciones comerciales se construyan sobre la confianza, la agilidad y la necesidad de cerrar acuerdos con rapidez. Correos, mensajes, llamadas y acuerdos de buena fe suelen ser suficientes mientras la relación se desenvuelve sin fricciones. El problema aparece cuando, por cualquier motivo, esa relación se rompe y surge un conflicto legal entre las partes. En ese momento, la discusión deja de girar en torno a lo que éstas acordaron y se centra en algo mucho más concreto: qué puede acreditarse y con qué documentos.

La experiencia demuestra que muchos litigios no tienen su origen en una mala negociación, sino en una deficiente documentación de los acuerdos y en la falta de preparación para enfrentar un escenario contencioso. Por ello, más que pensar en el juicio como un evento lejano, resulta cada vez más relevante que las compañías adopten una verdadera cultura de prevención legal.

Documentar adecuadamente una relación comercial no implica rigidez ni desconfianza. Implica claridad. Contar con contratos bien redactados, anexos actualizados, correos y comunicaciones relevantes conservados, y acuerdos debidamente formalizados permite que, ante una controversia, exista un punto de partida objetivo. En la práctica, muchos conflictos se complican innecesariamente porque los términos esenciales de una relación comercial nunca quedaron claros por escrito o porque se fueron modificando en la operación diaria sin dejar rastro documental. Por ello, lo que para una parte fue un ajuste operativo razonable, para la otra puede convertirse fácilmente en un incumplimiento.

Esta necesidad de orden y claridad se vuelve todavía más delicada cuando la empresa es demandada en juicio. A partir de ese momento, el tiempo comienza a correr en su contra y existen plazos legales específicos para contestar la demanda, ofrecer pruebas y definir una estrategia de defensa. En los procesos orales –cada vez más comunes en materia civil y mercantil– estos plazos suelen ser más cortos y las etapas procesales avanzan con mayor rapidez, lo que exige respuestas ágiles y bien coordinadas. Cuando la información no está localizada, los documentos no están completos o los acuerdos no quedaron claros, la defensa se vuelve más costosa, reactiva y, en muchos casos, menos efectiva.

Algo similar ocurre con el resguardo de documentos y comunicaciones. En un proceso judicial o arbitral, los correos electrónicos, cartas, mensajes y reportes internos suelen ser piezas clave para reconstruir la historia de una relación comercial. No obstante, es frecuente encontrar empresas que no cuentan con políticas claras para conservar información relevante, que eliminan comunicaciones por prácticas internas de almacenamiento o que simplemente no tienen identificados los documentos clave de cada relación de negocio. Tener procesos mínimos que permitan identificar, conservar y localizar información relevante puede marcar una diferencia sustancial al momento de defender una posición jurídica, especialmente cuando los tiempos procesales son reducidos.

Otro aspecto que suele subestimarse es la vigencia y el alcance de los poderes de los representantes legales de una sociedad mercantil en México. En la operación diaria, muchas veces se asume que quien firma contratos o comparece ante autoridades cuenta con las facultades necesarias, pero en un conflicto esa suposición rara vez pasa desapercibida. Es común que la contraparte revise con detenimiento si los poderes están actualizados, si las facultades son suficientes y si reflejan la realidad operativa de la empresa. Poderes desactualizados o mal estructurados pueden dar lugar a cuestionamientos sobre la validez de contratos, nulidades procesales o retrasos innecesarios que afectan directamente la estrategia del caso.

Esto último también se vuelve relevante cuando una empresa tiene que comparecer a un juicio. Muchas veces, las personas morales no cuentan con representante legales en México, o éstos tienen poderes limitados, por lo que cuando es necesario actuar con rapidez porque un plazo se encuentra corriendo en su contra y deben presentar una defensa legal ante un Juzgado, o simplemente necesitan iniciar algún curso de acción cuanto antes para proteger sus derechos, actúan con urgencia extrema para gestionar y obtener un poder suficiente para dichos fines, cuestión que en algunas ocasiones puede tardar varios días.

Prepararse para un eventual litigio no significa asumir que éste ocurrirá, sino reducir riesgos. Documentar acuerdos, resguardar información y mantener actualizada la estructura legal de la empresa permite enfrentar cualquier controversia desde una posición de control y no de reacción. En un entorno cada vez más complejo, con relaciones comerciales sofisticadas y procesos judiciales cada vez más ágiles, la prevención legal se convierte en una herramienta estratégica más del negocio.

Al final, contar con información ordenada, acuerdos claros y una estructura legal bien revisada no solo facilita la defensa en un juicio, sino que permite tomar mejores decisiones desde el primer momento en que surge un conflicto. La prevención legal no elimina los riesgos inherentes a cualquier relación comercial, pero sí coloca a las empresas en una posición mucho más sólida para gestionarlos. Cuando el conflicto llega y los plazos ya están corriendo, la diferencia entre reaccionar y estar preparado suele ser decisiva.

Tradicionalmente, en materia de responsabilidad civil, la indemnización ha tenido como finalidad principal reparar el daño causado. Sin embargo, en determinados supuestos, la compensación económica puede cumplir una función adicional: desalentar conductas particularmente graves y socialmente reprochables. A esta dimensión de la reparación se le conoce como daños punitivos.

Esta figura resulta especialmente relevante, ya que, por ejemplo, una mala decisión de costos puede salir mucho más cara de lo previsto, particularmente cuando la reducción de gastos en seguridad, mantenimiento o cumplimiento normativo deriva en daños graves.

En México, los daños punitivos no se encuentran regulados de manera expresa en la legislación. Su desarrollo ha sido eminentemente jurisprudencial, a partir de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”). El antecedente más conocido es el llamado caso Mayan Palace, en el que la Primera Sala de la SCJN analizó la responsabilidad civil derivada del fallecimiento de un huésped como consecuencia de deficiencias graves en medidas de seguridad y de una reacción tardía frente a un riesgo relevante.

En dicho asunto, la SCJN sostuvo que la indemnización no necesariamente debe limitarse a compensar el daño sufrido, sino que puede incorporar un elemento ejemplar cuando la conducta del responsable revela un incumplimiento grave de sus deberes de cuidado. A partir de ese precedente, la figura de los daños punitivos ha sido progresivamente delineada y aplicada dentro del sistema mexicano de responsabilidad civil.[1]

Otros asuntos relevantes -como el Amparo Directo número 36/2017 (Buenavista del Cobre y Grupo México) y el Amparo Directo en Revisión número 992/2014 (CMR, S.A.B. de C.V.)- han contribuido al desarrollo de los daños punitivos en México. Asimismo, la existencia de procedimientos aún en trámite -tales como los casos en contra de Google México o Cabify- evidencian que la función disuasiva de la indemnización, aun sin estar prevista expresamente en la ley, se encuentra en plena aplicación y evolución.

Desde esta óptica, la SCJN ha señalado que el derecho a una “justa indemnización” no se agota en la mera reparación del daño, sino que puede incluir un componente adicional cuando la gravedad de la conducta así lo justifique. Este componente cumple una función de reproche social y prevención, al enviar un mensaje claro de que ciertas conductas no pueden ser tratadas como simples errores sin consecuencias relevantes.

Así las cosas, los daños punitivos cumplen una doble función. Por un lado, permiten que la víctima vea satisfecha su expectativa de justicia, al constatar que el daño sufrido genera consecuencias reales para quien lo causó. Por otro, desempeñan una función preventiva y disuasiva, al enviar un mensaje claro de desaprobación social y desalentar la repetición de conductas similares en el futuro. [2]

En algunos casos, limitar la indemnización a una reparación estrictamente compensatoria puede resultar insuficiente, por ejemplo, cuando la reducción de costos en seguridad, mantenimiento o cumplimiento normativo resulta económicamente más conveniente que asumir el riesgo de una eventual reparación. Frente a este escenario, los daños punitivos buscan evitar que el incumplimiento se convierta en una decisión rentable.

Por ejemplo, si una empresa decide reducir costos en el mantenimiento de sus máquinas y, como consecuencia de ello, un empleado resulta afectado por una falla derivada de dicha omisión, los daños punitivos buscan sancionar esa conducta negligente. La lógica es sencilla: evitar que el pago de una indemnización resulte más conveniente que cumplir con los estándares mínimos de seguridad. Al incrementar el monto total a pagar, los daños punitivos pueden superar el ahorro obtenido por no dar mantenimiento, generando un incentivo real para que la empresa no repita ese tipo de decisiones negligentes.

No obstante, la SCJN ha sido clara en señalar que los daños punitivos no proceden de manera automática ni en todos los casos. Su imposición exige un análisis cuidadoso de las circunstancias concretas, del grado de responsabilidad del causante del daño y de la gravedad de su conducta. En este sentido, una indemnización puede ser plenamente justa aun sin incluir un componente punitivo. [3]

Asimismo, los daños punitivos no constituyen una sanción independiente, sino un incremento dentro del monto total de la indemnización, estrechamente vinculado a la responsabilidad civil acreditada y aplicable únicamente a quien efectivamente causó el daño.[4] Tampoco proceden cuando el demandado es el Estado, ya que una condena económica de carácter ejemplar recaería, en última instancia, sobre los contribuyentes.[5]

En conclusión, los daños punitivos en México constituyen una herramienta excepcional y cuidadosamente delimitada dentro del sistema de responsabilidad civil. Su finalidad no es imponer castigos desmedidos, sino reforzar la cultura de la responsabilidad, evitar que el incumplimiento o la negligencia se conviertan en opciones económicamente convenientes y asegurar que la indemnización sea verdaderamente justa en los supuestos de mayor gravedad. Aplicados con prudencia y debida motivación, los daños punitivos contribuyen a un equilibrio más sólido entre reparación del daño, reproche social y prevención de conductas futuras.

Por lo anterior, una mala decisión de costos puede salir mucho más cara de lo previsto. La reducción de gastos en seguridad, mantenimiento o cumplimiento normativo puede generar ahorros inmediatos, pero también exponer a las empresas a responsabilidades significativamente mayores cuando dichas decisiones derivan en daños graves.

[1] Véase el criterio emitido por la Primera Sala de la SCJN, con número de registro digital: 2006959.

[2] Véase el criterio emitido por la Primera Sala de la SCJN, con número de registro digital: 2006958.

[3] Véase la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la SCJN, con número de registro digital: 2025569

[4] Véase el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito con número de registro digital: 2029049.

[5] Véase el criterio emitido por la Primera Sala de la SCJN, con número de registro digital: 2018607.

Resumen Ejecutivo

• Con motivo del paquete fiscal para el ejercicio 2026, el legislador federal introdujo una modificación al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación (“CFF”) que, aunque formalmente orientada al combate de esquemas de facturación simulada, redefine de manera relevante el régimen de responsabilidad penal aplicable a plataformas digitales.

• La reforma amplía el alcance del tipo penal al prever expresamente la posible responsabilidad de plataformas de servicios digitales que permitan la publicación de anuncios relacionados con la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

• Esta modificación plantea interrogantes relevantes desde una triple perspectiva: (i) fiscal-penal, en cuanto al estándar de imputación y deberes de control; (ii) constitucional, respecto de los principios de legalidad penal, presunción de inocencia y seguridad jurídica; y (iii) convencional, en relación con los compromisos asumidos por México en tratados internacionales, particularmente en materia de comercio digital.

• Más allá de su impacto inmediato en el ámbito tributario, la reforma introduce un cambio estructural en la forma en que el ordenamiento jurídico mexicano concibe la responsabilidad de intermediarios digitales, con implicaciones prácticas relevantes para plataformas, operadores económicos y áreas legales corporativas.

Previo a la modificación, el artículo 113 Bis del CFF sancionaba penalmente a quienes expidieran, adquirieran o comercializaran comprobantes fiscales falsos, así como a quien, a sabiendas, permitiera o publicara anuncios relacionados con dichas conductas a través de cualquier medio. La exigencia de conocimiento efectivo operaba como un elemento delimitador del tipo penal y acotaba su aplicación a supuestos de participación consciente en esquemas ilícitos.

La reforma publicada elimina, para ciertos sujetos, ese elemento subjetivo y añade de forma expresa a las plataformas de servicios digitales como posibles destinatarias de la norma penal, introduciendo un estándar centrado en el hecho de “permitir la publicación” de los anuncios referidos. Con ello, el foco del reproche penal se desplaza del conocimiento o participación directa hacia la mera existencia del contenido dentro de un entorno digital administrado por la plataforma.

Este ajuste, aparentemente técnico, transforma de manera sustantiva el diseño del tipo penal y amplía de forma significativa el universo de sujetos potencialmente responsables.

Desde una perspectiva fiscal, la reforma fortalece la estrategia del Estado para combatir redes de facturación simulada, extendiendo el espectro de responsabilidad más allá de los emisores y adquirentes directos de comprobantes fiscales falsos. No obstante, este fortalecimiento se apoya en un modelo de imputación que puede generar fricciones con principios básicos de derecho sancionador administrativo y penal.

En particular, la noción de “permitir la publicación” plantea interrogantes sobre la existencia —o no— de un deber general de supervisión previa por parte de las plataformas, así como sobre los límites razonables de diligencia exigibles en entornos caracterizados por un alto volumen de contenidos generados por terceros.

Asimismo, la reforma podría incidir en la forma en que las autoridades fiscales y administrativas diseñan sus estrategias de investigación y coordinación interinstitucional, al incorporar a intermediarios digitales como actores relevantes dentro del ecosistema de cumplimiento tributario.

Desde el plano constitucional, la modificación al artículo 113 Bis del CFF exige un análisis cuidadoso a la luz de los principios de legalidad penal, taxatividad y culpabilidad. La ampliación del tipo penal mediante conceptos abiertos o indeterminados puede generar escenarios de incertidumbre jurídica, particularmente cuando se trata de sujetos cuya actividad principal no consiste en la generación del contenido sancionado.

Adicionalmente, la ausencia de un elemento subjetivo claro para ciertos supuestos de responsabilidad podría tensionar el principio de presunción de inocencia y la exigencia de que toda sanción penal se funde en una conducta personalmente reprochable, y no exclusivamente en la posición que se ocupa dentro de una cadena económica o tecnológica.

Estos aspectos anticipan, previsiblemente, debates constitucionales relevantes en sede jurisdiccional, tanto en el ámbito del control difuso como del juicio de amparo.

La reforma también debe analizarse en relación con los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente aquellos vinculados al comercio digital y a la responsabilidad de intermediarios. La introducción de esquemas de responsabilidad penal basados en contenidos generados por terceros podría ser objeto de escrutinio desde la óptica de tratados comerciales que buscan limitar deberes generales de vigilancia y proteger la intermediación digital.

En este contexto, no puede descartarse que la aplicación del nuevo artículo 113 Bis dé lugar a cuestionamientos en foros internacionales o a controversias relacionadas con la interpretación y cumplimiento de obligaciones convencionales.

La reforma obliga a plataformas digitales, empresas que operan en entornos digitales y áreas legales corporativas a revisar sus políticas internas de control, moderación y respuesta frente a contenidos potencialmente ilícitos, así como sus mecanismos de cooperación con autoridades fiscales.

Desde la óptica de la defensa fiscal, administrativa y constitucional, será clave evaluar, caso por caso, el alcance real de las nuevas disposiciones, así como las vías de impugnación disponibles frente a actos de aplicación que puedan vulnerar derechos fundamentales o exceder los límites del principio de legalidad penal.

La modificación al artículo 113 Bis del CFF trasciende el ámbito estrictamente tributario y redefine, de manera silenciosa pero significativa, el régimen de responsabilidad aplicable a intermediarios digitales en México. Su correcta implementación exigirá un equilibrio cuidadoso entre los objetivos legítimos de combate a prácticas fiscales ilícitas y la preservación de principios constitucionales y convencionales que sustentan la seguridad jurídica y el debido proceso.

El seguimiento de su aplicación práctica y de los criterios jurisdiccionales que se emitan al respecto será determinante para dimensionar su impacto real en el sistema fiscal y en el ecosistema digital.

Resumen: Este artículo sostiene que los contratos celebrados mediante tecnología blockchain –incluidos los “contratos inteligentes”- pueden satisfacer el requisito de “acuerdo escrito” del artículo II de la Convención de Nueva York, siempre que permitan identificar con claridad la cláusula arbitral, atribuir y rastrear el consentimiento de las partes, y preservar la información para su ulterior verificación.

A partir de una interpretación funcional y evolutiva, apoyada en la Recomendación CNUDMI 2006, el artículo 7 de la Ley Modelo 2006 y los principios de equivalencia funcional en comercio y firmas electrónicas, se argumenta que la “forma escrita” cumple una función probatoria más que de soporte físico.  La inmutabilidad, trazabilidad y verificabilidad de blockchain fortalecen esa función, aunque plantea retos de identificación, coherencia entre on-chain y off-chain y estructuras descentralizadas, mitigables con buenas prácticas técnicas, elección de sedes pro-arbitraje y el uso estratégico del “puerto más favorable” del artículo VII. 

Resumen ejecutivo:

El punto de partida es el requisito tradicional de la Convención de Nueva York de 1958: para ser oponible y ejecutable internacionalmente, el convenio arbitral debe constar “por escrito”. 

Ese estándar nació para dar certeza en un mundo de papel y correspondencia, pero la digitalización de la contratación internacional ha impulsado una lectura menos formalista y más funcional.   Así, hoy se privilegia que el escrito sirva como prueba del contenido del acuerdo y del consentimiento, por encima del soporte específico utilizado. En este marco, la pregunta clave es si contratos celebrados total o parcialmente en blockchain, incluidos los “contratos inteligentes”, cumplen ese estándar probatorio del “escrito”.

La tesis central del artículo es que sí, siempre que se pueda identificar de forma accesible la cláusula arbitral, atribuir el consentimiento a las partes y conservar la evidencia para examen posterior.  Este enfoque se apoya en tres pilares normativos: la Recomendación CNUDMI 2006 sobre interpretación de los artículos II(2) y VII(1) de la Convención; el artículo 7 de la Ley Modelo de Arbitraje 2006, que valida acuerdos celebrados por medios electrónicos siempre que la información sea accesible; y los principios de equivalencia funcional de las Leyes Modelo sobre Comercio Electrónico (1996) y Firmas Electrónicas (2001).

¿Qué aporta blockchain a esta función probatoria?

Ofrece inmutabilidad del registro, trazabilidad temporal y verificabilidad independiente del contenido y momento del acuerdo, todo lo cual robustece la prueba del convenio arbitral.

En la práctica, el consentimiento suele expresarse mediante transacciones firmadas con claves privadas y la interacción voluntaria con el código; su atribución es más sólida si se vinculan dichas claves a la entidad firmante mediante procesos KYC o certificados de firma electrónica, y si existe un puente técnico verificable entre el código on-chain y el texto off-chain de la cláusula (por ejemplo, un hash del documento).  Con esos elementos, la combinación de registros on-chain y documentación off-chain cumple la función de “escritura” y “firma” a efectos del artículo II. La cláusula arbitral puede codificarse directamente en el contrato inteligente o incorporarse por referencia a un documento externo; lo determinante es que su contenido sea identificable, accesible y conservable.  La técnica más sólida consiste en anclar el documento con la cláusula mediante evidencia criptográfica e implementar políticas de almacenamiento y control de versiones; una URL mutable, por sí sola, puede ser insuficiente.

Además, es esencial que la parte haya tenido oportunidad razonable de conocer la cláusula antes de quedar vinculada, y que el texto permanezca disponible en su forma original durante el arbitraje y la ejecución.

Desde el derecho comparado, se observa una convergencia hacia un estándar sustantivo de adecuación formal para acuerdos electrónicos: acceso al texto, consentimiento claro y capacidad de archivo y reproducción, con marcos favorables en EE. UU., Reino Unido, Francia, Suiza, México y otros países que han adoptado o se inspiran en la Ley Modelo 2006. Esta convergencia es compatible con blockchain siempre que se garantice la conexión verificable entre el artefacto on-chain y el texto de la cláusula.