El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (“CNPCF”), instrumento legislativo que, entre otras cosas, busca privilegiar el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales (consultable aquí).
Una de las grandes novedades del CNPCF es la adopción de la justicia digital, pues se prevé que todos los procedimientos podrán tramitarse bajo la modalidad en línea con el propósito de tener procesos más eficientes, transparentes y ágiles.
En términos del Libro Octavo “De la Justicia Digital” del CNPCF, las partes tienen el derecho de optar voluntariamente para que los procedimientos se tramiten de forma digital y en línea.
Esta cuestión podrá manifestarse en el escrito inicial de demanda y en el escrito de contestación, respectivamente. Esto, sin perjuicio de que las partes, en cualquier etapa procesal, pueden solicitar que se cambie la modalidad para que, en lo subsecuente, se tramite en línea y digital.
El CNPCF atribuye a las autoridades jurisdiccionales, a través de las áreas competentes, la obligación de realizar todos los actos necesarios para integrar las actuaciones, audiencias, diligencias, promociones y demás constancias de un procedimiento en línea en un mismo expediente electrónico.
De igual modo, los Poderes Judiciales, a través del Consejo de la Judicatura o la autoridad competente señalada en su respectiva Ley Orgánica, están obligados a implementar y mantener actualizados y funcionales los sistemas de justicia digital con el fin de contar con oficialías de partes en línea, servicios digitales, notificaciones electrónicas, así como las tecnologías necesarias para hacer accesible la justicia digital para todas las personas.
Ahora bien, ¿qué implicaciones y/o beneficios tiene la tramitación de un proceso judicial en línea para los justiciables?
En primer término, el CNPCF confiere la misma eficacia probatoria o valor jurídico a los documentos, diligencias, expedientes, audiencias y demás semejantes dadas en forma electrónica, que los que el CNPCF consagra para las actuaciones presenciales y los instrumentos escritos. Tan es así que en ningún caso se requerirá manifestación bajo protesta de decir verdad de que los documentos digitalizados son copia fiel e inalterada de los documentos físicos.
Además, el CNPCF introduce las audiencias y diligencias virtuales, así como un sistema de justicia digital que permitirá la presentación de escritos, promociones y anexos de forma electrónica o a través de documentos digitalizados.
En relación con esto, es importante considerar que cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento de uno o más de los sistemas de justicia digital que dependan de la autoridad jurisdiccional, y esto haga inviable el cumplimiento de los plazos establecidos en el CNPCF, las partes deberán notificar a la autoridad jurisdiccional correspondiente en la misma promoción sujeta a término. Los Jueces deberán entonces pedir un reporte al titular de la unidad administrativa respectiva y, en caso de que se determine que existió interrupción en el sistema, los plazos se suspenderán únicamente por el tiempo que haya durado la interrupción.
Por el contrario, las fallas que pueda sufrir la computadora, dispositivo, el equipo o la conexión a internet de las partes, de ninguna forma interrumpirán los plazos establecidos en el CNPCF.
Considerando lo anterior, compartimos algunas de las acciones que las partes en los juicios tendrán a su favor con la entrada en vigor del CNPCF:
- Presentar sus escritos, promociones y anexos de forma electrónica o a través de documentos digitalizados autenticados mediante firma electrónica avanzada.
- Celebrar cualquier audiencia y diligencia prevista en el CNPCF bajo la modalidad de audiencia y diligencia virtuales.
- Recibir y solicitar notificaciones electrónicas.
- Consultar las actuaciones que obran en el proceso judicial correspondiente a través del expediente electrónico.
- Impulsar en forma electrónica las comunicaciones dirigidas a autoridades, como lo son vistas al Ministerio Público, Fiscalías o Representación Social, requerimientos a las autoridades, peritos y demás auxiliares oficiales.
Si bien la introducción a la justicia digital en el CNPCF es un gran avance en la tramitación de los procesos judiciales en México, también es cierto que su aplicación supone un gran reto. Por ejemplo, ¿cómo implementarán las autoridades jurisdiccionales la justicia digital en aquellas ciudades en donde no hay internet o no tienen los sistemas y dispositivos suficientes?
Tomando en consideración lo anterior, enlistamos algunas recomendaciones que las empresas pueden explorar para sacar el mayor provecho a la justicia digital:
- Adoptar medios tecnológicos para almacenar documentos e información y realizar respaldos periódicos en dispositivos externos, pues pueden ser herramientas necesarias en caso de un juicio.
- Contar con un sistema de gestión automatizada de expedientes que categorice diferentes tipos de información y/o documentación con el propósito de facilitar la identificación de los mismos (por ejemplo, respecto de ciertas transacciones y/o clientes).
- Tramitar y/o actualizar las firmas electrónicas de los funcionarios y/o representantes legales, pues este es uno de los mecanismos de identificación en los procesos judiciales tramitados en línea.
La implementación de los procesos digitales sin duda representa un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial mexicano, prometiendo aumentar su eficiencia, transparencia y accesibilidad, beneficiando a todos los actores involucrados. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para superar los retos tecnológicos y de infraestructura que existen en diversas regiones del país. Así, las empresas y despachos legales que adopten de manera proactiva estas nuevas herramientas tecnológicas estarán mejor posicionados para navegar el nuevo panorama judicial y aprovechar al máximo las ventajas de la justicia digital.
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