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Explotación responsable del agua: situación jurídica en México

Versión para imprimir | Junio 2022

El agua es un recurso vital no sustituible y es debido a esto que cualquier uso o alteración implica un impacto a todo el ecosistema. Entre las medidas del gobierno mexicano para salvaguardar este recurso hay una serie de normativas y autoridades cuyo fin es explotar de manera responsable, garantizar el acceso a todas las personas y asegurar que las futuras generaciones también cuenten con capital hídrico.

Las aguas nacionales son consideradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como todas las aguas marinas interiores, acuíferos, depósitos naturales del subsuelo, así como lagunas, esteros, lagos y ríos. La propiedad de estas aguas está reglamentada en la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

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Desafíos del Mercado Eléctrico en México

La transición del sector eléctrico arrancó de forma acelerada, acorralando a todas las sociedades con permisos de autoabasto en el país.

Aunque se tiene previsto que la figura de autoabasto eléctrico desaparezca de forma gradual, de acuerdo con la legislación vigente y con el último contrato otorgado hasta mayo de 2039, el Gobierno federal busca cancelar 110 permisos con más de 77 mil clientes para la compra-venta de energía, dando pie a una incertidumbre jurídica que augura cientos de litigios en el segundo semestre de 2022.

Y es que el polémico modelo de generación eléctrica aseguraba que un total de 468 sociedades privadas y públicas operaran sus propias plantas eléctricas en México y así no dependieran del suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sí de la red paraestatal. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la creación del Mercado Eléctrico Mayorista, la modalidad de autoabasto quedó desierta y hoy son 347 permisos los que esperan que sus Contratos de Interconexión Legados caduquen.

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Relación Bilateral México-China: Oportunidades de Negocio

Han pasado más de 40 años desde que la República Popular China (RPC) abrió su economía al mundo, implementando la denominada Gaige Kaifang o “Reforma y Apertura” implementada por Deng Xiaoping. Esta serie de reformas tuvieron como objetivo repudiar el maoísmo y abrirse al mundo, consiguiendo que el Producto Interno Bruto (PIB) pasara de representar el 1.75% de la economía global a concentrar el 15% de la riqueza mundial, convirtiéndose así en la segunda economía más grande del mundo y en la principal potencia en manufactura.

Inversión mexicana en China: claves para su expansión

Debido al acercamiento que han tenido México y China en los últimos años, la oportunidad de inversión bilateral no podría ser mejor. Pese a lo anterior, antes de tomar cualquier decisión es recomendable analizar la situación del negocio actual, cuáles son sus metas, objetivos, qué es lo que quieren lograr en el corto, mediano y largo plazo, y restricciones imperantes en China ante la situación global actual.

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Protección de negocios a través de Medios Alternos de Solución de Controversias

¿Cómo proteger tu negocio a través de cláusulas contractuales que prevean medios alternativos de solución de controversias (MASC)?

Las disputas en el mundo de los negocios, como en las demás facetas de la vida, no son algo deseado, pero desagraciadamente siempre se pueden presentar y muchas veces son inevitables. Por ello, siempre es mejor estar listos y contar con buenas herramientas para afrontar un conflicto contractual en forma estratégica y debidamente preparados.

Desde el punto de vista legal, una forma de estar listos para enfrentar una disputa es a través de los medios alternos de solución de controversias.

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Títulos de Concesión para la explotación de Aguas Nacionales: Recomendaciones para conservar un valioso activo

De acuerdo con nuestra Constitución, el agua que se encuentra en el territorio (incluyendo ríos, lagos y acuíferos) es propiedad de la Nación. Por lo anterior, el uso y aprovechamiento de la misma está regulado y, en general, es necesario contar con un título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para explotar aguas nacionales.  

Si bien el acceso al agua es un derecho humano, este recurso se ha vuelto cada vez más escaso. Además, en el año 2022, México padeció sequías que comprometieron el acceso al agua. 

Por ello, CONAGUA ha priorizado la verificación del cumplimiento de los títulos de concesión otorgados para usar agua en actividades industriales, agrícolas o con otro fin económico, a fin de suspender o revocar aquellos títulos con incumplimientos. Asimismo, durante 2022 fue más común que CONAGUA caducara volúmenes de agua concesionada que no se estuvieran utilizando. Estas acciones con el fin de asegurar el suministro de agua para consumo humano. 

En ese sentido, recomendamos a los titulares de una concesión para explotar aguas nacionales considerar los siguientes puntos para evitar la imposición de multas o perder los derechos otorgados en los títulos de concesión y, con ello, comprometer su suministro de agua: 

  1. Evitar exceder el volumen de agua concesionada. Extraer más agua de la permitida por el título de concesión correspondiente es un incumplimiento que pudiera derivar en la imposición de multas e incluso la revocación de la concesión.  
  1. Evitar la caducidad mediante el pago de cuotas de garantía o la inversión en tecnologías de ahorro de agua. Los volúmenes de agua concesionados que no se utilicen durante dos años consecutivos podrían ser caducados por la CONAGUA y, por lo tanto, restados del volumen autorizado. En dicho caso, el concesionario perdería el derecho a explotar los volúmenes caducados.  Para evitar la caducidad es posible realizar el pago de una cuota de garantía a la CONAGUA. Este pago se calcula en función al volumen de agua concesionado y el utilizado en el periodo de dos años, y tiene como función avisar a la CONAGUA que el concesionario tiene interés de utilizar este volumen en el futuro. Asimismo, es posible realizar inversiones para implementar proyectos que tengan como fin el ahorro y uso eficiente del agua, los cuales se deben avisar a CONAGUA antes de que concluyan los dos años en los que se ha utilizado menos agua. Cabe señalar que este tipo de proyectos también pueden ayudar a cumplir las políticas ESG (“environmental, social and governance”) de una empresa. 
  1. Apegarse a los términos y condiciones establecidos en el título de concesión correspondiente. Los concesionarios deberán cumplir con las obligaciones de pago y operativas establecidas en el título de concesión para evitar caer en incumplimientos cruzados que pudieran derivar en la suspensión o revocación del título de concesión, así como la imposición de multas, actualizaciones y recargos. Además de la expedición y administración de los títulos de concesión para explotar aguas nacionales, CONAGUA tiene facultades de fiscalización para verificar el pago de derechos por la explotación de aguas nacionales y, en caso de detectar incumplimientos, imponer multas y exigir actualizaciones y recargos, así como de velar por que los cuerpos de agua no sean sobreexplotados. 
  1. Verificar que los medidores se encuentren en funcionamiento. Los concesionarios están obligados a cuantificar su consumo mediante el uso de medidores autorizados por CONAGUA. En caso de detectar una avería, deberán notificarlo inmediatamente a CONAGUA para evitar anomalías en los registros de consumo de agua, mientras que el medidor es reparado. 
  1. Llevar una contabilidad del agua. Los concesionarios están obligados a presentar declaraciones del consumo que realicen y a pagar derechos por dicho consumo a través de la plataforma DECLARAGUA.
  1. Usar el agua extraída para el uso autorizado en el título de concesión. Los títulos de concesión establecen el uso al que podrá dedicarse el agua extraída. El uso para fines distintos a los autorizados es un incumplimiento del concesionario que pudiera derivar en la revocación de la concesión. 
  1. Solicitar la prórroga de la concesión al menos 6 meses antes de que concluya su vigencia. A diferencia de otras autorizaciones que permiten solicitar su prórroga en cualquier momento previo a su vencimiento, las prórrogas de las concesiones se deben solicitar con al menos 6 meses de anticipación al término de su vigencia.  
  1. Evitar suministrar agua a terceros. Sólo el titular de una concesión puede utilizar el volumen extraído. Se requiere de una autorización de CONAGUA, o en algunos casos específicos haber notificado previamente a dicha autoridad, para suministrar agua a terceros (incluyendo a personas relacionadas y empresas filiales). El incumplimiento de lo anterior pudiera derivar en la revocación de la concesión. 
  1. Verificar el cumplimiento de una concesión previo a su adquisición. Previo a la adquisición de concesiones para la explotación de aguas nacionales en el mercado del agua es recomendable llevar a cabo una auditoría. En caso de que el titular de la concesión correspondiente hubiera incumplido con sus obligaciones, dichos incumplimientos pudieran afectar su validez y derivar en la negativa de CONAGUA a autorizar su transmisión. 

La mayoría de las actividades económicas requieren del uso de agua. No obstante la implementación de tecnologías para el ahorro y aprovechamiento sustentable del agua, algunas industrias requieren de grandes volúmenes de agua para su operación, y la falta de la misma podría incluso comprometer su operación. Por ello, los títulos de concesión para la explotación de aguas nacionales son activos valiosos que deben cuidarse para mantenerlos en vigor y poder seguir contando con acceso a este recurso.

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Recomendaciones para la descarga legal de aguas residuales a ríos, lagos y subsuelo

Gran parte de las actividades económicas requieren descargar aguas residuales. Si bien en algunos casos es posible verter a los sistemas de alcantarillado, en otros, el agua residual se debe descargar en ríos, lagos o directamente en el subsuelo, ya sea porque no existe infraestructura de alcantarillado o porque las autoridades que operan el alcantarillado no lo permiten. 

Desafortunadamente, una mala gestión en las descargas de agua residual ha ocasionado que algunos ríos y lagos presenten altos niveles de contaminación. Como ejemplo, en 2021, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) monitoreó 788 ríos y lagos en todo el país, y alrededor de 300 reportaron alguna clase de contaminación. 

La contaminación del agua es un factor preocupante para todos, pues genera diversos conflictos ambientales y sociales. Por ello, la CONAGUA ha ordenado el cierre definitivo de algunos proyectos y ha impuesto sanciones y la obligación de remediar a quienes generan las descargas. 

Considerando lo anterior, recomendamos a quienes descarguen aguas residuales a ríos, lagos y subsuelo considerar los siguientes puntos para asegurar que su descarga sea legal: 

  1. Tener un permiso de descarga emitido por la CONAGUA. Quien pretenda descargar aguas residuales a ríos, lagos y subsuelo debe obtener previamente este permiso. En ese sentido, el riego de áreas verdes con agua residual es considerado como una descarga al subsuelo. Realizar descargas sin contar con este permiso pudiera derivar en la imposición de multas y la clausura de las actividades que originan el vertimiento. 
  1. Evitar descargas contaminantes. Es necesario tener una planta de tratamiento de aguas en óptimas condiciones para que las aguas residuales a descargar cumplan con los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. Es importante señalar que en marzo de 2023 entrará en vigor la NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece parámetros de calidad más estrictos. 
  1. Presentar las declaraciones en el sistema DECLARAGUA y, en su caso, pagar derechos. Los titulares de un permiso de descarga deben informar a la CONAGUA la calidad y cantidad de las aguas residuales vertidas, así como pagar los derechos correspondientes. Si el titular demuestra que las sustancias en las descargas se encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana, quedará exento de dicha obligación de pago. Para ello, deberá presentar un análisis de calidad de las aguas residuales. 
  1. Asegurarse de que el laboratorio que emita los análisis esté autorizado por la CONAGUA y acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación. Si el laboratorio no tiene la acreditación y/o la autorización vigentes, sus análisis serán inválidos y no se podrá solicitar la exención al pago de derechos. 
  1. No exceder el volumen de descarga permitido. Descargar más agua de la autorizada, aún si no está contaminada, pudiera derivar en la imposición de sanciones. 
  1. Solicitar el permiso de descarga con base en las proyecciones y estimaciones del agua residual que se pretende descargar. En caso de discrepancias en las declaraciones, la CONAGUA podría exigir el pago de derechos por la totalidad del volumen permitido (sin importar si en realidad se descargó un volumen inferior).
  1. Evitar diluir las descargas de agua residual. Estos es considerado como una infracción grave que puede derivar en la clausura del proyecto. Además, CONAGUA podría exigir el pago de derechos por el volumen total establecido en el permiso. 
  1. Solicitar la prórroga del permiso al menos 6 meses antes de que concluya su vigencia. A diferencia de otras autorizaciones que permiten solicitar su prórroga en cualquier momento previo a su vencimiento, las prórrogas del permiso se deben solicitar con al menos 6 meses de anticipación al término de su vigencia.  
  1. Obtener un título de concesión para utilizar las zonas ribereñas de ríos o lagos. La ribera del río o lago se considera como una zona federal competencia de CONAGUA. Si el titular de un permiso de descarga pretende construir instalaciones para el vertimiento (como rampas o tuberías) en esta área, deberá obtener un título de concesión por parte de CONAGUA. 

El cuidado de ríos, lagos y aguas del subsuelo es de suma importancia para asegurar el equilibrio ecológico. Además, con ello se preservará el suministro de agua para consumo humano y actividades económicas. En suma, las descargas de aguas residuales en estos ecosistemas deben hacerse con mucha responsabilidad y en pleno cumplimiento a la normatividad ambiental.

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1er Foro Laboral Coparmex – ANADE Querétaro

Los invitamos al 1er Foro Laboral Coparmex – ANADE Querétaro, un evento con información relevante sobre materia laboral para la mejor toma de decisiones.

Víctor Coria y Emily Manzewitsch participan en el panel “Mejores prácticas para afrontar juicios individuales”.


23 de febrero | 13:30 hrs.
Centro de Congresos Querétaro | Salón El Corregidor

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Estándar mexicano para las políticas de integridad

En los últimos años, la necesidad de implementar políticas de integridad ha resurgido en todo el mundo, derivado principalmente de:

  • La entrada en vigor de leyes que sancionan administrativa y penalmente los actos de corrupción.
  • El reconocimiento de la responsabilidad penal de las empresas.
  • La posibilidad de que las empresas que adopten y apliquen políticas y estándares de integridad óptimos puedan ser eximidas de ciertas sanciones o recibir multas reducidas.
  • La implementación de estándares ESG para acceder a financiamiento externo.
  • El riesgo reputacional al que están expuestas las empresas por denuncias hechas a través de redes sociales.

Para esto, un gran número de empresas, muchas de ellas multinacionales, han dado mayor relevancia a la creación e implementación de sistemas de integridad corporativa. Sin embargo, algunas se han limitado a traducir estándares adoptados en sus países de origen o a nivel global, sin tomar en consideración las particularidades de cada jurisdicción.

Para el caso de México, es importante recordar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los requisitos mínimos que deberán contener las políticas de integridad de una empresa para que, en caso de verse envuelta en una investigación por presuntos actos de corrupción, puedan deslindarse de responsabilidad o, en su caso, de recibir una sanción reducida.

Los elementos mínimos que un sistema de integridad corporativa debe contener, según dicha Ley, son los siguientes:

  1. Manuales claros de organización de la empresa y procedimientos.
  2. Contar con un código de conducta, publicado y socializado. El código deberá contener los sistemas y mecanismos para que sea aplicado y ejecutado.
  3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.
  4. Sistemas adecuados de denuncias (internos y hacia las autoridades).
  5. Procesos disciplinarios y consecuencias concretas a los infractores.
  6. Sistemas de entrenamiento y capacitación.
  7. Políticas de recursos humanos que incluyan la implementación de acciones para la debida diligencia previa a la contratación de empleados.
  8. Mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad de intereses.

Si bien pudiera parecer sencilla la tarea de preparar estos documentos, la realidad es que para que funcionen de manera real y eficaz es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario, tomando en cuenta: (i) la legislación vigente – incluyendo aspectos de derecho penal, derecho administrativo, derechos laborales, derechos humanos, etc.-, (ii) la estructura y procesos de la empresa, para no impactar negativamente su operación ni crear burocracia innecesaria, (iii) los objetivos y riesgos de cada empresa, así como sus relaciones con terceros – incluyendo órganos de los distintos niveles de gobierno, y (iv) el tamaño de la empresa y su presupuesto para la implementación de este tipo de políticas.

En el equipo de Compliance e Investigaciones de Santamarina + Steta hemos tomado como mejor práctica la realización de una inmersión total en cada una de las empresas con las que trabajamos para la creación e implementación de sistemas de integridad corporativa, con el propósito de diseñar estrategias y sistemas a la medida de cada una de ellas. Es vital que un sistema de integridad se convierta en una parte viva e importante de la cultura de negocios de cada uno de nuestros clientes, apoyándolos a lo largo de su proceso de creación e implementación.

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Nearshoring en México: Retos inmobiliarios

Derivado de las restricciones de China por el COVID-19, la escasez de semiconductores y la crisis global de la cadena de suministro, Santamarina + Steta ha recibido múltiples solicitudes de empresas estadounidenses y canadienses para brindar asesoramiento y apoyo legal sobre cómo establecer nuevas instalaciones de fabricación en México e incluso reubicar actividades de fabricación de China y el sureste asiático a México.

A pesar de las múltiples ventajas de reubicarse en México, como las tarifas arancelarias preferenciales bajo T-MEC, los costos laborales y la innegable cercanía con Estados Unidos y Canadá, trasladarse de un lado del mundo al otro puede resultar más complejo de lo esperado. 

Desde una perspectiva estrictamente inmobiliaria, y  además de cualquier valoración relativa a áreas como la seguridad, la mano de obra calificada y las estrategias fiscales, en este artículo hemos intentado identificar los principales aspectos inmobiliarios a considerar al momento de reubicar las actividades manufactureras a México:

Geografía de Norteamérica. EE. UU., Canadá y México tienen costas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico y la frontera entre EE. UU. y México se extiende de costa a costa. Sin embargo, la decisión sobre dónde ubicar una planta manufacturera en México, deberá verse influenciada por el mercado o región que atenderá dicha planta.

Por ejemplo, si bien ubicar una planta manufacturera en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede ser una buena idea para suministrar mercancías a Texas, puede haber mejores opciones para exportar a otros países. En el mismo sentido, aunque trasladarse a Tijuana o Mexicali sería la mejor opción para abastecer a los mercados de California/Arizona, podría haber  mejores alternativas para suministrar mercancías al noreste de EE. UU./Canadá o Europa. Asimismo, la península de Yucatán se ha convertido en uno de los principales destinos elegidos por multinacionales por su cercanía a Florida.

Disponibilidad de inmuebles. Desde que comenzó el fenómeno nearshoring, se ha hecho evidente que, aunque México cuenta con parques industriales de primera clase a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México, y en otras ciudades industriales, México no estaba preparado para recibir la oleada de nuevas empresas interesadas en establecer instalaciones más cerca de EE. UU. y Canadá.

Afortunadamente, el suelo en el norte de México no es extremadamente limitado y los desarrolladores inmobiliarios tienen capacidad para atender a nuevos clientes. Sin embargo, esto normalmente implicaría que las nuevas empresas tengan que esperar a que los desarrolladores inmobiliarios construyan nuevas  instalaciones industriales o tendrían que invertir recursos adicionales para adquirir y construir sus propias instalaciones en México.

Para acelerar este proceso, muchos de nuestros clientes han optado por firmar acuerdos de “construcción a medida” (“built-to-suit agreements”) con empresas mexicanas.

Infraestructura y transporte. Si bien existen importantes extensiones de terreno por desarrollar en México, es importante que la ubicación elegida este bien conectada a través de carreteras, vías férreas o puertos cercanos, a fin de simplificar la logística y reducir los costos y riesgos de transporte.

Disponibilidad de agua y servicios. Una cuestión adicional que nuestros clientes han considerado  ha sido si la ubicación deseada tiene la capacidad para proporcionarles los servicios y recursos necesarios para sus procesos.

Por ejemplo, dado que las actividades industriales pueden tener una elevada demanda de agua, es crucial ubicar las nuevas instalaciones en zonas donde exista la capacidad suficiente para soportar la explotación de agua por parte de nuevas empresas, sin ser sobreexplotadas. Las anteriores, como acuíferos sobreexplotados, suelen ser objetos de prohibiciones para la expedición de nuevas concesiones de agua. De ahí que, el suministro de agua pudiera resultar más costoso. En este sentido, mientras que el norte de México tiene problemas de sequía extrema, otras regiones cuentan con agua suficiente para atender a los nuevos actores.

Otra cuestión en consideración es la capacidad de la red eléctrica de la zona y la existencia de gasoductos de Gas Natural/Gas LP en la zona.

Incentivos y permisos. Al decidir la ubicación de una nueva instalación, es relevante considerar si los gobiernos Federal y Estatal ofrecen incentivos para la inversión a realizar, así como los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para el inicio de operaciones de las instalaciones de manufactura y para mantenerlas en regla .

La reubicación en México ha demostrado ser una opción viable y rentable para muchas empresas. Sin embargo, es esencial realizar una evaluación exhaustiva sobre cómo, dónde y cuándo reubicarse.

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Cena de gala | 75 aniversario

Setenta y cinco años de formación, consolidación, solidez y prestigio. 

Setenta y cinco años que suman y multiplican, que recuentan esfuerzos, logros y retos, lágrimas y alegrías de todos aquellos que han pasado por los pasillos de nuestra casa. 

Setenta y cinco años que nos permiten agradecer desde el corazón a todos y cada uno de los clientes que han depositado su confianza en nosotros. 

El pasado 14 de octubre celebramos junto a nuestros clientes, amigos y familiares el inicio del 75 aniversario de Santamarina + Steta. A todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de estas más de siete décadas, les expresamos el más profundo agradecimiento por ser parte de esta familia y de esta historia, así como del presente y futuro de nuestro Despacho.

Ayer, hoy y siempre… Somos Santamarina + Steta.

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Puede llegar a desencadenarse una ola de conflictos empresariales en varias cadenas de suministro: Santamarina + Steta

  • Puede saturar de nuevo a tribunales.
  • Mucho dependerá de la certidumbre o incertidumbre que genere el gobierno federal.

CDMX, 14 de enero 2022. Roberto Fernández del Valle M., socio experto en solución de controversias de la firma legal Santamarina + Steta auguró una posible oleada de conflictos entre empresas de diversas cadenas de suministro, lo cual aumentaría señaladamente el rezago de los tribunales en varias partes del país. “Significaría una gran pérdida de tiempo y recursos para la sociedad productiva mexicana”, dijo.

El experto consideró lo anterior, pese a los avances de muchos jueces, secretarios de acuerdos y operadores litigantes que aprendieron a usar plataformas digitales y nuevas herramientas tecnológicas, las cuales se habilitaron para continuar la impartición de justicia en medio de la pandemia. “Ha sido un esfuerzo formidable, pero que implicó una curva de aprendizaje y rezago, que resultó en una acumulación de expedientes que todavía no solventan los juzgados. Así podría verse el cierre del 2021, junto con unas muy fuertes cargas de trabajo, juicios y periodos cada vez más largos para emitir sentencias, lo que también es muy costoso para las empresas”.

Y subrayó: “debemos añadir que crece la reticencia de juzgados federales para admitir concursos mercantiles, que son una herramienta clave para la recuperación de empresas y conservación de plantillas de trabajo. Verdaderamente urge la creación de tribunales especializados”.

El especialista explicó que la perspectiva a observar para el 2022 dependerá si el gobierno federal aumenta o no el clima de conflictos, por ejemplo, a partir de una contra-reforma energética que pudiese romper con los acuerdos fincados ya con inversionistas de dicho sector, porque “ahí se detonaría una reacción en cadena adicional. Primero con empresas del ramo y de ahí el impacto se extendería hacia terceros y un sinnúmero de cadenas colaterales de suministro en otras muchas ramas de la actividad económica nacional”.

Roberto Fernández del Valle recomendó al sector productivo mexicano estar preparado para una ola de disputas empresariales, revisar sus contratos y verificar que tengan cláusulas que contemplen riesgos de cumplimiento y diseñar modelos para enfrentar tales riesgos de forma estratégica, con opciones para solucionar las disputas mediante mecanismos alternativos a los tribunales.


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InDepth: Commercial Arbitration 2022

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El arbitraje es un medio popular para resolver disputas comerciales gracias a su carácter definitivo y la aplicabilidad de los laudos. El arbitraje ha prosperando a pesar de la interrupción causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y se ha adaptado a la crisis con procedimientos remotos para garantizar que los casos puedan continuar. Conoce qué otros cambios ha tenido el proceso de arbitraje comercial en México.