El concurso mercantil es un procedimiento jurídico diseñado para preservar la continuidad de las empresas viables y evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones para la continuación de la relación de sus negocios. Pero, además, se encarga de garantizar una protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas que entran en concurso mercantil en términos de artículo 1° de la Ley de Concursos Mercantiles (“LCM”).   

En este contexto, resulta clave comprender los mecanismos jurídicos que operan durante este procedimiento, especialmente aquellos diseñados para proteger el patrimonio del comerciante y los límites de dicha protección en relación con terceros que pudieran estar vinculados a la relación comerciante, como podrían ser los obligados solidarios.

Las Providencias Precautorias en el Concurso Mercantil.

Conforme a los artículos 25 y 37 de la LCM, el Juez de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles tiene la facultad de dictar medidas o providencias precautorias desde que se admite a trámite el procedimiento y una vez realizada la visita por parte del especialista designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles se podrán modificar, adoptar o levantar las medidas. Dichas medidas se dictan con el objeto de proteger los bienes y derechos integrados en el patrimonio de la comerciante.

Entre otras, destaca la medida que suspende cualquier acto de embargo o ejecución sobre los bienes y derechos del comerciante concursado. Estas medidas buscan preservar el patrimonio del comerciante para que los recursos disponibles puedan distribuirse equitativamente entre todos los acreedores reconocidos.

Sin embargo, es importante destacar que estas restricciones tienen un alcance específico y limitado: únicamente protegen los bienes y derechos del comerciante concursado. Esto significa que las medidas precautorias no benefician a otras personas que puedan estar vinculadas a las deudas de la empresa, como lo pudieran ser, los obligados solidarios, avales o fiadores. En consecuencia, los acreedores pueden continuar con las acciones legales que estimen pertinentes para cobrar la deuda de la empresa directamente a los obligados solidarios, quienes permanecen expuestos a su cumplimiento, independientemente si están estrechamente ligados a la comerciante.

Sentencia de concurso mercantil.

El artículo 65 de la LCM menciona que una vez realizada la etapa de visita y confirmado que la comerciante cumple con las condiciones que marca el artículo 10 de la LCM, el Juez deberá dictar sentencia declarando a la comerciante en concurso mercantil.

A partir de esta declaración, y hasta el término de la etapa de conciliación, queda prohibida la ejecución de mandamientos de embargo o cualquier acto de ejecución contra los bienes y derechos de la comerciante concursada.

Obligados solidarios: responsabilidades que persisten.

Los obligados solidarios son aquellos que, mediante un acuerdo previo, asumen la responsabilidad de garantizar el pago de las deudas del deudor principal. Este rol implica que están legalmente obligados a responder con su propio patrimonio en caso de que el deudor principal no cumpla.

Dado que los obligados solidarios poseen un patrimonio completamente independiente al de la concursada, no estarían protegidos por las providencias precautorias dictadas en el procedimiento.

Recientemente, se publicó un criterio han dejado en claro que el concurso mercantil no suspende los derechos de los acreedores de demandar el pago de las deudas a los obligados solidarios. Incluso menciona que si se llegara a la celebración de un convenio entre el comerciante y sus acreedores dentro del concurso, este acuerdo no modifica ni extingue las obligaciones de los obligados solidarios, fiador o aval, según lo establece el artículo 166 de la LCM.

Criterio judicial.

Un criterio novedoso aborda específicamente la situación de los obligados solidarios frente al concurso mercantil y ofrece un análisis profundo sobre esta cuestión[1].

El criterio establece que la declaración de concurso mercantil de una empresa no restringe el derecho de los acreedores de cobrar el crédito directamente a los obligados solidarios, avalistas, fiadores u otros garantes que sean independientes del comerciante concursado. Esto se debe a que las medidas protectoras del concurso mercantil, como la suspensión de embargos y ejecuciones sobre los bienes del comerciante, tienen por objeto preservar exclusivamente el patrimonio del deudor principal para asegurar una distribución equitativa entre los acreedores dentro del procedimiento concursal.

En el criterio se explica que la esencia de una obligación solidaria radica en su naturaleza autónoma y no subsidiaria respecto del deudor principal. Por lo tanto, el acreedor no está obligado a esperar el incumplimiento del comerciante para exigir el pago al obligado solidario.

En virtud de los artículos 166 de la LCM y el 1987 y 1989 del Código Civil Federal, se establece que obligado solidario asume una responsabilidad total e inmediata frente al acreedor, quien puede optar por demandar a cualquiera de los deudores por la totalidad de la obligación.

Además, el criterio subraya que esta autonomía es precisamente uno de los objetivos de las garantías solidarias: permitir al acreedor obtener el pago aun cuando el deudor principal enfrente insolvencia o concurso mercantil. En este sentido, las garantías solidarias aseguran que los acreedores puedan salvaguardar sus derechos incluso en escenarios adversos para la empresa deudora.

Por ejemplo, si una empresa concursada negocia una quita o una espera con sus acreedores en el marco del concurso, estas condiciones no afectan a los obligados solidarios. Un acreedor podría demandar al obligado solidario por el monto total original de la deuda, sin estar limitado por las restricciones del procedimiento concursal o los acuerdos alcanzados en él.

Excepción.

No obstante lo dicho en líneas arriba, aunque por regla general el patrimonio del obligado solidario es completamente independiente del comerciante concursado, existe una excepción limitada. Es posible conceder medidas precautorias tendientes a suspender la ejecución sobre bienes y derechos específicos de los obligados solidarios únicamente cuando se demuestre que dichos bienes o derechos son estrictamente indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa concursada y, por ende, su viabilidad. Esto obedece al interés público de conservar la empresa como unidad económica.

Para justificar esta excepción, se deben acreditar dos elementos clave:

1. Que el embargo sobre el patrimonio del obligado solidario impida el desarrollo de funciones esenciales dentro de la operación de la empresa concursada y la coloque en una situación de vulnerabilidad.
2. Que el bien o derecho del obligado solidario objeto del embargo sea indispensable para el desarrollo del objeto social de la comerciante.

Es decir, se debe demostrar cómo la ejecución de los bienes del obligado solidario afecta directamente la capacidad operativa de la empresa concursada. De no acreditarse estos elementos, el patrimonio del obligado solidario seguirá siendo completamente ejecutable, conforme al principio de autonomía de las obligaciones solidarias.

Conclusión.

El concurso mercantil protege el patrimonio del comerciante concursado y busca facilitar su reestructuración o liquidación ordenada, pero -en principio-, no extiende esta protección a los obligados solidarios. Este marco legal asegura que los acreedores tengan mecanismos efectivos para recuperar sus créditos, al tiempo que obliga a los obligados solidarios a asumir las consecuencias de sus compromisos.

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2028725, Undécima Época, Materia(s): Civil, Tesis: I.15o.C.15 C (11a.), Tribunales Colegiado de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Publicación: Viernes 10 de mayo de 2024, 10:15 horas. “CONCURSO MERCANTIL. LA DECLARACIÓN RELATIVA NO IMPIDE AL ACREEDOR REALIZAR EL COBRO DEL CRÉDITO A LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS, AJENOS AL CONCURSO.” https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028725

A raíz de que la “Reforma Judicial” quedó firme después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de sentencia correspondiente, dicha reforma tendrá plena aplicabilidad en el sistema jurídico mexicano.

Lo anterior implica de manera destacada, lo siguiente:

1. Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

1. Disminución en el número de Ministros y Ministras, pasando de 11 a 9.
2. Reducción del periodo en funciones, pasando de 15 a 12 años.
3. Eliminación de las Salas que integran la Corte, por lo que únicamente funcionará en Pleno.

2. Elección por voto popular para elegir a todos los Magistrados y Jueces.

1. Elección popular de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2. Elección popular de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Esto tiene como consecuencia que 1,700 cargos de juzgadores federales serán elegidos por voto para 2025, y otros, 1,800 serán elegidos en 2027.

3. Eliminación del Consejo de la Judicatura Federal:

1. Creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
2. Creación de un Órgano de Administración Judicial.

4. Establecimiento de nuevas reglas procesales:

1. Se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales.
2. Prohibición al otorgamiento de suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Una vez que se apliquen todas las medidas que conlleva la Reforma Judicial, consideramos que el sistema judicial federal entrará en un periodo de transición y ajustes que invariablemente desencadenará un cambio en la manera en que los juicios de amparo son tramitados y resueltos.

Lo anterior, dará pauta a que aquellas personas físicas y morales que sean afectados por un acto de autoridad busquen medios alternos para solucionar la controversia ante los cambios del Poder Judicial de la Federación y la incertidumbre que se podría generar con los cambios en la estructura y funcionamiento que tendrán lugar.

Cabe señalar que ante tal incertidumbre, deben reconocerse los diferentes medios con los que cuentan los particulares para evitar afectaciones por parte de los actos de autoridad, siendo de relevancia la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (“LGMASC”), misma que tiene como finalidad establecer las bases, principios generales y distribución de competencias para los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales inclusive pueden ser iniciados frente a las autoridades.

Lo que la LGMASC busca, es promover la cultura del diálogo y la negociación, mediante el fomento de la solución pacífica de controversias a través de garantizar el acceso a la justicia alternativa distinta a la jurisdiccional o contenciosa, con carácter confidencial, voluntaria, completa, neutral, independiente, flexible, igualitaria, legal, pronta y expedita.

Es decir, con esta Ley se busca la solución de controversias entre los gobernados y entes públicos de manera pronta y accesible por medio de acuerdos que tendrán efectos jurídicos, alcanzados mediante diversos mecanismos que la propia Ley señala.

La LGMASC habla de cinco siguientes medios alternos de solución de controversias:

• Negociación. Proceso por medio del cual las partes, por sí mismas con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o conflicto.

• Negociación Colaborativa. Proceso a través del cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, a través del diálogo y si fuera necesario, el apoyo de terceros.

• Mediación. Procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica o prevenir uno futuro, sólo con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora.

• Conciliación. Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica o prevenir uno futuro, no solo con la asistencia de un tercero, sino que ésta tendrá una participación activa en el proceso.

• Arbitraje. Proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, con la participación de una persona tercera llamada árbitro quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en las normas aplicables.

En relación con lo anterior, es importante señalar que de conformidad con la LGMASC, no se dará trámite a los mecanismos alternativos de solución de controversias respecto a las siguientes materias y/o controversias:

• Resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos en dicha materia.
• En materia agraria.
• Las materias previstas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
• Se afecten los programas o metas de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada en el ámbito Federal y Local.
• Se atente contra el orden público o se afecten derechos de terceros.
• En controversias laborales con la Administración Pública.
• En los casos en que las autoridades administrativas interpongan el juicio de lesividad en contra de las resoluciones favorables a los particulares.

Adicionalmente, diversas entidades federativas ya prevén en la legislación estatal medios alternativos de solución de controversias para dirimir los conflictos que surjan entre los gobernados y la administración pública, dentro de las que se destacan las siguientes:

• Estado de México.

El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que en cualquier momento de la tramitación del proceso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las partes podrán llegar arreglos conciliatorios que pongan fin al asunto, siendo que los acuerdos alcanzados tendrán los mismos efectos que una sentencia firme.

• Nuevo León.

Tratándose del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León establece que desde la admisión de demanda y hasta que no se emita la sentencia, el Magistrado impulsará la conciliación entre las partes.

Conclusión

Tomando en cuenta lo anterior y debido a la incertidumbre que se puede generar con la implementación de la Reforma Judicial y el periodo de transición que tendrá, se considera conveniente tener en cuenta los medios alternativos de solución de controversias que se establecen en la LGMASC y demás legislaciones estatales, para el caso en que tenga alguna afectación por parte de la administración pública federal y local y se busque llegar a un arreglo que no implique un procedimiento jurisdiccional, como lo es el juicio de amparo.

En un escenario mundial como el actual, en el que gran parte del desarrollo de las economías gira en torno a la compraventa en serie de productos y servicios en la que participan diversos actores económicos, se vuelve imperante que la sociedad tenga a su disposición una acción legal que pueda promoverse ante posibles trasgresiones a los derechos de una comunidad. México no es la excepción a lo anterior.

En consecuencia, desde el 30 de agosto de 2011, fue reformado el Código Federal de Procedimientos Civiles (“CFPC”) en nuestro país, para añadir la regulación de las acciones colectivas.

Aunque pareciera no ser un tema novedoso, las acciones colectivas en México siguen siendo un mecanismo procesal poco o indebidamente utilizado. En gran parte, derivado del desconocimiento de este tema por parte de la mayoría de nuestra sociedad.

Para darle una definición muy sencilla a este concepto, podría decirse que las acciones colectivas son una herramienta jurídica mediante la cual un grupo de personas defiende sus derechos frente a un tercero que los vulnera. Una de las ventajas más relevantes que conlleva el ejercicio de una acción de este tipo, es la reducción de costos y tiempos para obtener una resolución definitiva, pues en una sola demanda pueden concentrarse los reclamos de toda una colectividad.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el CFPC regula tres categorías distintas de acciones colectivas:

• Acción colectiva difusa: Es de naturaleza indivisible y se ejerce para tutelar los derechos de una colectividad de personas indeterminadas. En este tipo de acción colectiva, no es necesario que exista un vínculo jurídico entre la colectividad y el demandado.

Su objeto es la restitución de las cosas al estado en el que estaban antes del daño, o en su caso, el cumplimiento sustituto –que es una forma alterna de cumplir con una sentencia– de acuerdo con la afectación de los derechos de la colectividad.

• Acción colectiva en sentido estricto: Es de naturaleza indivisible y se ejerce para tutelar los derechos de una colectividad de personas determinadas o determinables. En este caso, sí existe un vínculo jurídico por mandato de ley entre la colectividad y el demandado.

Su objeto es la reparación del daño mediante la realización de una o más acciones (o abstenerse de realizarlas), y cubrir los daños de forma individual a los miembros del grupo afectado.

• Acción colectiva individual homogénea: Es de naturaleza divisible y se ejerce para tutelar derechos individuales de incidencia colectiva. Es decir, diversos individuos agrupados con base en circunstancias comunes. En este caso, sí existe un vínculo jurídico entre la colectividad y el demandado.

Su objeto es reclamar el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión, con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable.

Por otro lado, también es relevante precisar que no cualquiera puede iniciar una acción colectiva en México. De acuerdo con el CFPC, solo puede promover una acción de este tipo: (i) la Procuraduría Federal del Consumidor; (ii) la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente; (iii) la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; (iv) la Comisión Federal de Competencia Económica; (v) el representante común de una colectividad conformada por al menos treinta miembros; (vi) alguna de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro debidamente autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal; y (vii) el Fiscal General de la República.

Asimismo, el CFPC establece que solo pueden conocer de acciones colectivas los Jueces de Distrito. Es decir, todos los Juzgadores del fuero local están impedidos para conocer y tramitar este tipo de procesos.

Sentadas las bases de lo que la ley mexicana define como acciones colectivas, sus tipos, quienes están legitimados para iniciarlas y quienes para resolverlas, pareciera que existe un camino trazado para impulsar las demandas colectivas como forma de proteger los derechos de una comunidad, pero ¿por qué en México las acciones colectivas aún no generan el impacto esperado?

En la opinión de quien escribe, y como ya se dijo, mucho pasa por el desconocimiento general del tema. Hace falta una mayor difusión sobre lo qué es una acción colectiva, en qué supuestos procede y las ventajas que tiene –especialmente para los grupos sociales menos favorecidos-.

De la misma manera, es necesario que los litigantes nos avoquemos con mayor interés al estudio y debido ejercicio de esta especie de acción contemplada en el sistema jurídico mexicano. No es poco común que, en la práctica, existan demandas donde se haga valer un tipo de acción colectiva cuando en realidad se trata de otro diferente, o que se utilicen este tipo de procesos como método de presión por parte de algunos interesados en obtener indemnizaciones desproporcionadas o incluso notoriamente improcedentes.

La complejidad en el ejercicio de las acciones colectivas también recae en el minucioso análisis que debe realizarse al estudiar un asunto de este estilo, pues como ya hemos visto, este tipo de acciones no solo tutelan derechos colectivos y difusos, también individuales pero que pueden ser defendidos de manera más efectiva de forma colectiva.

Incluso, diversos autores han criticado la regulación actual en México en materia de acciones colectivas, calificándola de limitada y poco clara. Lo primero, ya que se estima que los supuestos de procedencia de una acción colectiva están muy acotados y quedan desprotegidas varias áreas importantes, como el patrimonio cultural. Lo segundo, pues se considera que dentro de la regulación procesal existen vacíos que limitan el acceso a la justicia.

Lo cierto es que los derechos colectivos mutan con base en el cambio de las realidades sociales, por lo que será necesario que, en un futuro no muy lejano, se realice un nuevo análisis sobre la multiplicidad de derechos de una colectividad que pueden ser afectados por un tercero y con ello, dichos derechos se protejan de forma más amplia y efectiva.

También, debe insistirse en que solo la práctica permitirá seguir identificando áreas de oportunidad en la legislación en materia de acciones colectivas, y que se acreciente la interpretación que realicen de la regulación actual tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo pronto, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que entrará en vigor pronto, no prevé cambios sustanciales en la materia.

Resumen Ejecutivo:

• En toda sociedad anónima existen sujetos obligados a proporcionar cuentas y documentación tanto de manera ordinaria, como al ser requeridos por un accionista. Destaca la obligación para ello de los administradores y los socios entre sí, pero no exclusivamente.
• En la práctica, suelen observarse casos donde los sujetos obligados a lo anterior, no lo realizan, o bien, pretenden cumplir con ello de manera incompleta o irrisoria. Obstaculizando los derechos de un accionista sobre conocer la información de la sociedad de la que es parte.
• En la legislación mercantil, se contemplan procesos denominados: “Medios Preparatorios a Juicios”, que, en el caso de la obtención de rendición de cuentas o documentación de una sociedad para un accionista, presenta ventajas considerables a diferencia de un juicio directamente.

Introducción.

La rendición de cuentas, de manera general, es una acción que corresponde a la persona que tiene un vínculo jurídico por el cual otra está obligada a informarle la forma en que ha administrado el patrimonio o la representación o la gestión realizada por la otra.

En una sociedad anónima, los obligados para rendir cuentas a los accionistas son, principalmente,los administradores, el comisario y los propios socios entre ellos. Sin embargo, recientemente los Tribunales Judiciales en México han interpretado en criterios que también es factible requerir información o documentación directamente a la sociedad misma (en adelante “Sujetos Obligados”).

A manera de ejemplo, y en el caso específico de los administradores, se menciona que, por disposición expresa de la propia de Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), deben presentar un informe anual a la Asamblea de Accionistas, cuyos requisitos sobre el mismo destaca que debe contener: (i) el estado de la situación financiera, (ii) los resultados del ejercicio, (iii) el patrimonio social, entre otras.

En ocasiones, suele presentarse el caso que los Sujetos Obligados no exhiben o no son transparentes con la información y/o documentación de la sociedad cuando son requeridos de ello por un accionista, pese a que este último lo requiere formalmente.

Considerando las dificultades materiales que tiene un accionista para allegarse de la información o documentación a que tiene derecho cuando enfrenta negativas de quienes cuentan con la misma, se presenta como una gran alternativa de solución la interposición de unos Medios Preparatorios a Juicio (“MPJ”).

Desarrollo.

Los MPJ son aquellos procedimientos anteriores al juicio que tienden a proporcionar a quien los promueve elementos de conocimiento o de prueba que le permitan promover un juicio posterior.

La posibilidad de interponer unos MPJ por parte de un accionista en contra de los Sujetos Obligados encuentra fundamento en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio.

Los MPJ sobre rendición de cuentas inician con un escrito inicial del accionista -justificando tal carácter- ante el Juez Mercantil competente y respecto a los Sujetos Obligados que justifique son idóneos para proporcionar lo que pretende.

Procedimiento que presenta las siguientes ventajas notables a comparación de un juicio tradicional:

Ventajas

• Desde la admisión del procedimiento, el Juez ordena notificar personalmente a los Sujetos Obligados objeto del proceso y les requieres para que dentro de un plazo cierto exhiban el Juzgado la información y documentación solicitada por el accionista, evitando así tramitar un juicio completo para ello.

• El Juez cuenta con facultades expresas en el Código de Comercio para apercibir a las personas requeridas sobre aplicarles cualquier medio de apremio que estime conducentes para hacer cumplir su determinación, en caso de negativa injustificada.

• El desahogo de unos MPJ primero y de resultar efectiva la obtención de la información requerida, permite que el accionista pueda promover, si fuera el caso, la demanda correspondiente con mayores elementos de prueba y tener más claridad sobre sus derechos a reclamar, como lo sería, por ejemplo, la información contable o financiera relativa a la marcha y funcionamiento de la sociedad

• Actualmente existe mayor rigorismo de las Autoridades Judiciales para tener por cumplida la rendición de cuentas, por lo que no basta que los Sujetos Obligados “exhiban diversa información” sino que, por ejemplo, en el caso de la información financiera debe estar acompañada de documentos justificativos y de posible verificación. Lo que resulta ser más práctico revertir en unos MPJ si acontece el intento de ese supuesto.

• La resolución que admite unos MPJ no admite recurso ordinario e, inclusive, las Autoridades Judiciales han establecido en recientes criterios que la impugnación de unos MPJ, a través de un Juicio de Amparo Indirecto, solamente procede hasta que se dicte la última resolución. Lo anterior con excepción si la determinación judicial afecta materialmente derechos sustantivos.

Conclusiones.

Los MPJ son un proceso idóneo para que un accionista obtenga judicialmente la rendición de cuentas y documentación que pretende de los Sujetos Obligados, a diferencia de un juicio tradicional. Destaca la agilidad que se tiene desde el inicio del procedimiento para obtener lo pretendido, así como la discrecionalidad normativa que cuenta el Juez para hacer efectiva sus determinaciones en caso de omisión.

Pese a lo anterior, debe también mencionarse que los Sujetos Obligados requeridos en unos MPJ también cuentan con derecho a presentar una oposición ante el Juez sobre lo solicitado, lo que le corresponderá al Juzgador valorar si ello es suficiente para abstenerse de continuar con los MPJ, o bien, no procede la oposición y se continua el mismo.

Finalmente, para obtener más información sobre unos Medio Preparatorio a Juicio sobre el derecho a la rendición de cuentas o documentación de un accionista, le invitamos a contactar a nuestros expertos.