Resumen Ejecutivo:

Este artículo analiza el proceso de mediación como uno de los principales Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Resalta el papel neutral del mediador, así como la eficacia jurídica de los convenios de mediación. Asimismo, muestra cómo este medio alterno abre la posibilidad para que las empresas opten por entrar a un procedimiento de mediación previo a un desgaste en el foro judicial.

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son procedimientos extrajudiciales que ofrecen a las partes una vía distinta al litigio judicial para dirimir sus diferencias, mediante métodos cooperativos y con menor formalidad.

Dentro de los MASC, la mediación destaca por su enfoque centrado en la autonomía de las partes, el diálogo y la búsqueda de soluciones. En esencia, el rol del mediador gravita en facilitar la comunicación y guía el proceso para que las partes construyan su propio acuerdo.

Para comprender a fondo los alcances de la mediación, conviene contrastarla con la conciliación:

En la mediación, el mediador actúa con neutralidad y no impone alternativas: su rol es escuchar, guiar el diálogo, explorar intereses y ayudar a encauzar las propuestas hacia un consenso. No aporta juicios sobre la fortaleza de las posiciones.

En la conciliación, el conciliador puede tener un rol más proactivo o “protagonista”: ya que ofrece opiniones, sugiere salidas, señala ventajas o debilidades de los planteamientos de las partes y orienta directamente hacia posibles acuerdos.

Esta distinción metodológica es fundamental, puesto que la mediación preserva el control de la decisión en manos de las partes, mientras que la conciliación introduce una participación más activa del tercero.

¿Qué ventajas ofrece la mediación sobre un litigio judicial?

En principio, la mediación busca evitar la rigidez, el costo y el desgaste que los litigios conllevan, tanto en recursos como en tiempo y relaciones. Permite que las partes exploren alternativas de solución que podrían no estar contempladas en un juicio tradicional, o que resulten más satisfactorias en cuanto a intereses subyacentes (no solo jurídicos).

Además, la mediación tiene sintonía con la figura de un contrato de transacción: procura extinguir la controversia mediante un acuerdo mutuo, que obliga a las partes a cumplir ciertas obligaciones y brinda certidumbre jurídica sobre lo pactado (concederse recíprocas concesiones para darle fin a una controversia presente o futura).

Esa convergencia (mediación/transacción) es particularmente útil en conflictos donde interesa preservar relaciones continuas (comerciales, familiares, laborales).

¿Cuál es la eficacia de la mediación para ponerle fin a una controversia?

Cuando las partes logran un acuerdo mediante mediación, lo expresan en un convenio de mediación. En ciertas condiciones (por ejemplo, cuando interviene un mediador certificado conforme a la normativa aplicable) este convenio puede tener carácter ejecutable, de modo que, ante un incumplimiento, la parte afectada puede solicitar la vía de apremio para lograr materializar su ejecución mediante el auxilio de un Juez.

Adicionalmente, en casos de incumplimientos parciales deducidos de un Convenio de Mediación, el marco jurídico permite negociar un convenio de remediación antes de acudir a su ejecución.

La mediación como opción preferente

La mediación deberá tener un mayor protagonismo institucional y cultural. Siempre que exista voluntad de las partes para dialogar, la mediación es una opción eficiente y menos destructiva que el litigio.

Su fortalecimiento institucional (por medio de certificaciones, estándares operativos, difusión y validación jurídica de los convenios) contribuye a que los acuerdos resultantes gocen de mayor certeza y cumplimiento efectivo.

El pasado 12 de septiembre de 2025, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Amparo, el CFF y la Ley Orgánica del TFJA. El proyecto, actualmente en análisis legislativo, pretende actualizar figuras procesales, delimitar el alcance de la suspensión y armonizar los ordenamientos contencioso-administrativos, particularmente en lo relativo al cobro de créditos fiscales.

Dentro de los puntos centrales, la reforma aborda: (i) el juicio de amparo como garantía judicial para la protección de los derechos fundamentales; (ii) el alcance del interés legítimo; (iii) los efectos y límites de la suspensión; (iv) la digitalización del juicio de amparo; (v) la regulación de la ampliación de demanda; y (vi) el fortalecimiento de mecanismos para el cumplimiento y ejecución de las sentencias.

Al respecto, en la exposición de motivos, la reforma refiere al interés legítimo como una figura constitucionalmente reconocida para salvaguardar los derechos fundamentales de los gobernados; la suspensión, en relación con la ponderación de la apariencia del buen derecho, interés social y orden público, específicamente, los efectos de la suspensión por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia de protección e inteligencia del sistema financiero; los plazos y su sanción, en caso de incumplimiento; se incorpora expresamente la figura de amparo digital y se establecen mecanismos para reforzar el cumplimiento de plazos procesales.

Sin embargo, en lo relativo al interés legítimo, la propuesta busca limitar su procedencia al establecer que solo existirá cuando la afectación sea real, actual y diferenciada, y siempre que la resolución que eventualmente se dicte produzca un beneficio cierto y directo para la persona quejosa. En la práctica, ello implica regresar a un esquema más cercano al interés jurídico tradicional, pues el promovente deberá acreditar no solo la titularidad de un derecho subjetivo, sino también que la afectación lo distingue frente a la colectividad. La consecuencia es una mayor carga probatoria desde la presentación de la demanda, así como la exclusión de casos en los que se reclaman derechos difusos o colectivos. Este giro contrasta con la evolución jurisprudencial de la Suprema Corte tras la reforma constitucional de 2011, que había ampliado la legitimación activa a partir de la noción de interés legítimo para garantizar una tutela más amplia de los derechos humanos. La reforma, por tanto, tensiona el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la exigencia de certeza procesal, arriesgando que queden sin defensa jurisdiccional violaciones que afectan a la colectividad en su conjunto.

En segundo término, la iniciativa tambien busca restringir las ampliaciones de la demanda al establecer que no podrán fundarse en hechos que ya fueran conocidos al momento de la presentación inicial. Este ajuste se presenta como un mecanismo para evitar tácticas dilatorias y fomentar la exhaustividad desde el primer escrito, pero también introduce una rigidez procesal que puede comprometer el acceso efectivo a la justicia. Conforme a la Ley de Amparo vigente, la ampliación de la demanda constituye una herramienta necesaria para incorporar actos posteriores o hechos cuya existencia solo se advierte con el desarrollo del procedimiento. Restringir su alcance a supuestos “desconocidos” por el quejoso puede generar litigios sobre cuándo un hecho era objetivamente cognoscible, y en última instancia debilitar la defensa del gobernado frente a la autoridad. De aprobarse en sus términos, los litigantes se verían obligados a integrar de manera completa y anticipada todos los elementos de la demanda, bajo riesgo de quedar impedidos para alegarlos después, lo cual contraviene el principio de acceso pleno a la jurisdicción constitucional.

Finalmente, la iniciativa incorpora de manera expresa la figura de los juicios en línea, permitiendo la tramitación del amparo mediante el uso de medios electrónicos tanto para la presentación de demandas y promociones como para la práctica de notificaciones y la gestión procesal. La medida responde a la necesidad de modernizar la justicia constitucional, alineándola con la experiencia de los juicios en línea en materia administrativa y fiscal. No obstante, esta incorporación plantea desafíos en términos de igualdad de acceso, seguridad de la información y capacitación institucional. El derecho de acceso a la justicia, previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución, exige que el uso de herramientas digitales no genere exclusión de quienes carezcan de medios tecnológicos, ni comprometa la certeza y protección de los expedientes electrónicos. Su éxito dependerá de que se garantice la interoperabilidad, confidencialidad y disponibilidad de las plataformas, así como de que los operadores jurídicos cuenten con formación suficiente para aprovechar sus ventajas sin menoscabo de las garantías procesales.

En conclusión, los tres puntos analizados reflejan la tensión entre la intención legislativa de dotar al juicio de amparo de mayor orden y eficiencia procesal y la necesidad constitucional de mantenerlo como instrumento de protección amplia y efectiva de los derechos fundamentales.

Por su parte, en materia fiscal y administrativa, la iniciativa busca armonizar la Ley de Amparo con el CFF y la Ley Orgánica del TFJA, al prever la improcedencia del recurso de revisión y del juicio de nulidad contra actos o resoluciones que resuelvan solicitudes de prescripción respecto de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que ya hayan sido impugnadas y declarado su firmeza por autoridad competente, configurando así cosa juzgada.

De esta forma, si bien la propuesta fortalece las facultades de la Federación en materia de deuda pública y en el cobro oportuno de créditos fiscales firmes, también plantea interrogantes sobre el alcance de las limitaciones a la suspensión en asuntos fiscales y financieros, pues podrían reducir la efectividad del amparo como medio de defensa de los contribuyentes. En la práctica, esto implicará que las estrategias procesales se concentren en argumentos de fondo y control constitucional, al tiempo que los particulares enfrenten mayores restricciones para frenar de manera cautelar la ejecución de actos de autoridad. 

En los negocios, pocas cosas generan mayor frustración que ganar un juicio y descubrir que al final del camino, ya no hay bienes suficientes para efectivamente cobrar la deuda. El tiempo juega en contra del acreedor: mientras dura el litigio, existe el riesgo de que el deudor oculte, dilapide o transfiera sus activos, dejando sin efecto práctico la sentencia.

Frente a esta realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió recientemente un criterio de gran relevancia para empresas y acreedores: confirmó que la retención de bienes es una medida precautoria que puede aplicarse en el Juicio Ejecutivo Mercantil, y que opera de manera independiente al embargo que puede decretarse en la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento.

Este pronunciamiento abre una ventana de protección adicional para quienes buscan asegurar el cumplimiento de sus créditos.

¿Qué ha resuelto la Corte?

En una jurisprudencia que poco a poco ha sido más utilizada por litigantes[1], la Primera Sala de la Corte estableció que la retención de bienes prevista en el Código de Comercio no es incompatible con el embargo que se prevé en la tramitación de un Juicio Ejecutivo Mercantil. Ambas figuras cumplen propósitos distintos:

• Embargo: asegura bienes para que, llegado el momento de ejecutar la sentencia, exista patrimonio sobre el cual cobrar.
• Retención de bienes: impide que el deudor los oculte, venda o transfiera mientras avanza el juicio.

La gran novedad es que la Corte reconoció que estas medidas pueden coexistir. Es decir, un juez puede decretar la retención de bienes aun cuando exista la posibilidad de solicitar embargo, reforzando así la tutela preventiva del crédito.

Alcances e implicaciones prácticas

Este criterio judicial tiene consecuencias directas en la forma de litigar un Juicio Ejecutivo Mercantil:

1. Protección anticipada: la empresa demandante ya no depende únicamente del embargo. La retención se convierte en una barrera temprana para evitar maniobras del deudor.
2. Reducción del riesgo de fraude: en la práctica, muchos deudores aprovechan los tiempos procesales para enajenar o esconder sus bienes. Con esta jurisprudencia, los jueces cuentan con una herramienta adicional para cerrar la puerta a ese tipo de conductas.
3. Mayor poder de negociación: cuando el deudor sabe que sus bienes pueden ser retenidos y, además, embargados, se reduce su margen de maniobra. Esto puede inclinar la balanza a favor de un acuerdo más rápido y favorable para el acreedor.
4. Flexibilidad para el acreedor: la posibilidad de solicitar retención sin que ello excluya el embargo ofrece al litigante un abanico más amplio de medidas precautorias.

Ventajas estratégicas para las empresas

Para una compañía que enfrenta un adeudo relevante, este criterio puede marcar la diferencia entre un litigio exitoso y uno estéril:

• Certeza de recuperación: los activos permanecen visibles y disponibles durante el proceso.
• Disuasión al incumplimiento: los deudores tienen menos incentivos para retrasar o entorpecer el juicio.
• Optimización del litigio: contar con medidas preventivas robustas permite al acreedor centrar esfuerzos en la resolución del fondo.

En suma, la jurisprudencia refuerza la eficacia del juicio ejecutivo mercantil como mecanismo ágil y confiable para recuperar créditos.

Bajo el relatado escenario, es claro que la decisión de la Corte confirma que la retención de bienes no es un simple accesorio del embargo, sino un instrumento autónomo y complementario. Para las empresas, esto se traduce en más seguridad y menos riesgo al momento de litigar un adeudo.

Así, antes de iniciar un Juicio Ejecutivo Mercantil, conviene evaluar la conveniencia de solicitar la retención de bienes como medida precautoria. Puede ser el factor que asegure la efectividad de la reclamación y proteja los intereses del negocio.

[1] Véase la jurisprudencia cuyo rubro reza: “RETENCIÓN DE BIENES. ES UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA APLICABLE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, LA CUAL OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE A LA FIGURA DEL EMBARGO”, que puede ser consultada en la siguiente dirección: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026431